El manejo financiero del Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas (Imeplan) es uno de los que no cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, por lo que la Auditoría Superior del Estado (ASE) emprenderá acciones contra estas irregularidades.
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Este lunes en el Periódico Oficial del Estado, se publicó el decreto correspondiente a la fiscalización de cuentas públicas del ejercicio 2021, donde el organismo generó un informe de resultados negativo por parte de la ASE, y en consecuencia la reprobación de su cuenta pública por parte del Congreso Local en la sesión ordinaria del pasado 13 de diciembre.
El Instituto tuvo ese año ingresos por 6.2 millones de pesos y egresos por $5.9 millones y el anterior auditor superior del estado, Jorge Espino Ascanio había calificado su cuenta pública como positiva, pero fue reabierta por su sucesor, Francisco Antonio Noriega Orozco, quien detectó anomalías y cambió el resultado del dictamen.
Ayer, mediante el Decreto Número 66-173 se hizo saber la calificación que recibió la información contable y presupuestaria contenida en la cuenta pública consolidada del Gobierno del Estado, correspondiente al Tomo del Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas.
Ejercicio fiscal 2021 fue el penúltimo de Francisco García Cabeza de Vaca
Se indicó que se trata del ejercicio fiscal 2021 (Tomo VII del Sector Paraestatal) del penúltimo año de gestión del entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien designó al frente del Imeplan a Duncan Javier Velasco Ponce. “Estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, refiere el texto citado, generado por la Legislatura tamaulipeca y turnado al gobernador Américo Villarreal Anaya para su publicación vía decreto en el máximo órgano de difusión estatal.
En su artículo segundo, se instruye a la Auditoría Superior del Estado, para que inicie el procedimiento correspondiente, e informe al Congreso Local, en los términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas. “Las responsabilidades de los servidores públicos, de carácter político, civil, administrativo o penal, que resulten por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables”, advierte el artículo tercero.
BRR