De existir irregularidades en la manera de proceder del Instituto de Verificación Administrativa de Ciudad de México (Invea) por la clausura de la taquería El Borrego Viudo, se presentará la denuncia correspondiente contra los servidores públicos involucrados y el procedimiento, advirtió Javier Coello, abogado del negocio.
La defensa legal de Verónica Villagrana Camarena, quien se ostenta como propietaria de la taquería, cuestionó el método del Instituto de Verificación, cuando el pasado 21 de abril clausuró el establecimiento y ese mismo fin de semana retiró los sellos.
"¿Quién se apersonó en el procedimiento a que le entregaran la posesión de un inmueble que estaba clausurado. Me parece una locura que llegue cualquier persona a decir: 'Yo soy el poseedor de un establecimiento mercantil' y la delegación o el Gobierno de Ciudad de México le entregue posesión a alguien que nunca la tuvo y que no está legitimado jurídicamente a tenerla", advirtió.
Villagrana y su abogado dejaron ayer por escrito una ampliación de la denuncia por el delito de despojo ante la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México.
En ella reiteró su derecho como propietaria del establecimiento y aclaró que el juicio de sucesión testamentaria que se sigue en Arandas, Jalisco, no tiene ninguna relación con los inmuebles en Ciudad de México, incluida la taquería.
El representante legal dijo que hasta ahora la procuraduría no les ha solicitado mayores detalles sobre la presunta participación de algún grupo criminal como La Unión de Tepito en la taquería, pero advirtió que están dispuestos a colaborar con las investigaciones.
"¿Quién llevó a cabo estos hechos? Pues de la información que nosotros tenemos es que es un grupo autodenominado La Unión de Tepito, no sé si a esto se dedican o no, pero ellos así se autodenominan, y lo vamos a probar precisamente en esta carpeta de investigación de despojo, pero es algo que la procuraduría investigará", expresó.
El 21 de abril el Invea colocó sellos de clausura a la taquería, ubicada en la colonia Tacubaya, porque carecía "del uso de suelo correspondiente".
Al menos 30 horas después, el instituto le retiró los sellos una vez presentada la documentación actualizada. Después de ello se desató una polémica por la propiedad del negocio.
Villagrana Camarena ha recalcado que no se trata de un conflicto por un litigio familiar, y responsabilizó a su primo Conrado Villagrana Martínez de irrumpir en el negocio acompañado de un grupo de choque.