Para los impulsores de los gobiernos autónomos en Michoacán, la ecuación es sencilla: con mayor presupuesto en comunidades indígenas hay más obra pública, menos inseguridad; organización por usos y costumbres e incluso una mejor democracia, sin la presencia de partidos políticos.
La figura de los autogobiernos se implementó por primera vez en 2004 en la comunidad de Nurío, y desde entonces ya son 29 los pueblos que se rigen bajo sus propias reglas, ejerciendo un presupuesto anual que va de acuerdo con su número de habitantes en proporción al municipio al que pertenecen.
Se puede lograr la autonomía de tres maneras distintas: con un Consejo de Gobierno Municipal, como ocurre en Cherán, que en la actualidad es el único municipio autónomo.
El segundo modelo es el de las tenencias, las cuales suman 27 al cierre de este año, y por último el de las encargaturas del orden, que por ahora sólo tiene un caso exitoso: San Benito Palermo, gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En esta lucha emprendida por indígenas de la entidad, la comunidad que de forma reciente logró pasar a un gobierno por usos y costumbres es Zicuicho, municipio de Los Reyes, donde hace tres semanas se organizó una asamblea en la que los habitantes votaron por el sí.
Además de ellos, en Nuevo Zirosto falta que les entreguen el presupuesto que llegará una vez que reciban la constancia por parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Para Pável Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, los resultados están a la vista:
“En Santa Fe de la Laguna, el ayuntamiento de Quiroga invertía menos de 500 mil pesos en obra pública cada año, pero a partir de la autonomía ha crecido este rubro hasta ocho veces”.
En casi todos los pueblos que ya pasaron al gobierno autónomo el presupuesto anual está entre los ocho y los 10 millones de pesos, lo que también utilizan para su propio modelo de seguridad pública: el de las rondas comunitarias, también conocidas como “kuarichas”, cuyos elementos están en proceso de certificación, lo cual les permitirá tener su propio armamento.
Tan solo en este año, el gobierno del estado distribuyó 12 millones 660 mil pesos en 18 comunidades a través del Programa del Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz), con lo que además reciben asesoría técnica y profesionalizan a sus policías.
La función de estas guardias también incluye el cuidado de sus recursos naturales, como ocurrió en Cherán, que se rebeló en 2011, cuando los grupos criminales arrasaban con su bosque.
La justicia la imparten por medio de jueces tradicionales, quienes atienden casos menores o civiles.
En el mismo Santa Fe de la Laguna, se estima que en un año se resolvieron 200 conflictos familiares o por reparto de tierras, con reparaciones del daño y sin que se pisara la cárcel. “Es una justicia más restauradora que punitiva”, dice Pavel.
Salarios austeros: 4 mil vs 100 mil pesos
El activista subrayó que cada Consejo de Gobierno logra dar hasta 50 empleos directos a sus habitantes, con lo cual la economía también se ve beneficiada.
Mientras que los presidentes municipales en Michoacán llegan a tener salarios de hasta 100 mil pesos mensuales, como ocurre en Morelia, en los pueblos autónomos cada consejero no puede cobrar más de 4 mil, lo que se califica como una auténtica austeridad.
El número de consejeros varía, pero no pasa de 12, todos con la misma jerarquía que ejercen en periodos de tres años.
En cuanto a su modelo democrático, presumen que las asambleas generales son la máxima autoridad con facultades para poner o quitar a consejeros y a representantes ejidales.
Sobre los procesos de transparencia, la Ley Orgánica Municipal obliga a estos pueblos a comprobar de manera trimestral los recursos que le son asignados ante la Auditoría Superior de Michoacán y a la Superior de la Federación, en el caso de un fondo especial.
Desde que se emprendió la lucha por conseguir gobiernos autónomos, los alcaldes han puesto resistencia, pues eso les significa perder dinero.
Tan solo en este año, el presidente municipal de Erongarícuaro, Juan Calderón Castillejo, interpuso 17 recursos jurídicos en contra de la comunidad de Jarácuaro, pero perdió cada uno de ellos.
Lo mismo pasó con el alcalde de Los Reyes, Antonio Salas, quien promovió una controversia constitucional hace más de tres años, sólo que le fue adversa.
En 2023 habrá consultas en las comunidades de Uricho y San Matías el Grande, cuyos habitantes podrán votar para pasar al modelo de los usos y costumbres.
En materia legislativa hay una iniciativa para que se reconozcan a las encargaturas del orden como sujetos de presupuesto propio, mientras que otra busca el reconocimiento de los jueces tradicionales.
JLMR