A unos 28 kilómetros de Janos, Chihuahua, en la comunidad Monteverde, se encuentra una humilde casa de adobe conformada por varios cuartos que casi forman un cuadrado perfecto y que al centro tiene un amplio patio donde hay un desnivel utilizado para echar la basura.
En uno de esos cuartos fueron encerradas Raquel y Arcelia, indígenas rarámuris y trabajadoras agrícolas desplazadas de su comunidad por la violencia imperante en la Sierra de Chihuahua, y ahora también desterradas de Monteverde y sujetas a una investigación.
El 21 de agosto cerca de las 20:00 horas, presuntamente ellas se defendieron de un ataque sexual.
Estaban muy asustadas y tenían sangre en sus ropas, recuerda Santiago Sotelo, el hombre que decidió encerrarlas hasta que llegara la policía. Santiago dice que les dio agua y unas frituras, luego cerró la puerta por fuera con un pasador.
Otro vecino le había advertido a Santiago que en el patio de su casa estaba el cuerpo de Mario Esteban Villareal Rodríguez, de 35 años y que posiblemente Raquel y Arcelia lo habían matado para impedir que las violara. El cuerpo fue hallado dentro del desnivel que está en el patio, en medio de la basura.
“Violó a una y quería violar a la otra, es la versión de ellas. Pero yo no oí nada, ni vi, no me consta. Pero estaba en una posición muy mala él… estaba empinado así, los pantalones los tenía en las corvas, acá abajo. A lo mejor lo noquearon, ya no se los pudo subir, si estaba ocupado pues. Quién sabe ellas qué estarán diciendo, verdad”, señaló Santiago Sotelo.
Raquel y Arcelia, de 23 y 22 años, respectivamente, estuvieron encerradas en el cuarto unas dos horas, los policías de Janos fueron los primeros en llegar y dieron aviso a las autoridades ministeriales.
Aproximadamente a la 01:00 horas del 22 de agosto se formalizó el arresto. La hija de Arcelia, de apenas dos años, quedó a la deriva en el cuarto, ninguna autoridad la protegió.
Por falta de celdas femeniles en el edificio de la Policía Municipal de Janos, Raquel y Arcelia fueron trasladadas al municipio aledaño, Ascensión. Ahí ingresaron a las 5:00 horas del 22 de agosto y estuvieron presas un día, informó Héctor Gilbrán García Santillán, director de Seguridad Pública y Tránsito de Ascensión.
Luego las llevaron a Nuevo Casas Grandes a disposición de un juez de Control acusadas del delito de homicidio doloso, dentro de la causa penal número 114/2023 del índice del Tribunal.
El juez declaró ilegal la detención, ordenó que las pusieran en libertad y fijó una nueva fecha para que el Ministerio Público les formule cargos legales, informó personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua.
Desplazadas y sin hablar bien español
Eva Luz Nieto Domínguez, coordinadora General de Agenda de las Mujeres en Nuevo Casas Grandes, la ONG que dio asistencia humanitaria a las rarámuris, dijo que Raquel y Arcelia son doblemente vulnerables por ser mujeres e indígenas. Además, explicó, ellas son personas desplazadas de su lugar de origen.
Nieto informó que, durante la audiencia, las mujeres indígenas fueron representadas por una abogada pública penal, pero no contaron con un traductor a pesar de que no hablan bien el español.
“Hasta ahorita lo que sabemos es que todavía no se hacen las pruebas psicológicas, no se encontró flagrancia, ellas no han aceptado el hecho por eso es que también ellas han logrado salir con un defensor de oficio que, si les fue proporcionado y el testigo, la persona que las detuvo, pues no presenció los hechos, no hay una argumentación sólida de que ellas lo hicieron realmente. Todo es parte de un proceso que apenas se está llevando a cabo, no sabemos en realidad qué paso, ellas tienen muy poco vocabulario en español”, señaló Nieto.
Mujeres e indígenas, víctimas de violencia
De enero del año pasado a agosto del 2023, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichimu) ha atendido a 168 mujeres indígenas víctimas de violencia.
Perla Zaragoza, vocera de Ichimu, explicó que se trata de mujeres que han pedido ayuda en los centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres y reconoció que se desconoce el tamaño del problema.
De estos casos, 75 se atendieron en el municipio de Creel, 47 en Guachochi, 36 en Morelos y 10 en Madera.
Raquel y Arcelia vivían en condiciones de pobreza extrema y tras lo sucedido corren el riesgo de ser asesinadas si regresan a la comunidad de Monteverde.
Nieto indicó que el juez ordenó que se realizan exámenes ginecológicos y psicológicos a las dos mujeres para determinar su fueron objeto de una violación o abuso sexual al momento que se registró la muerte de Mario Esteban Villareal Rodríguez, explicó Nieto.
Sin embargo, ellas están ilocalizables. No se presentaron a la audiencia que el juez fijó para el pasado 6 de septiembre. El Tribunal ordenó al Ministerio Público que las haga comparecer en una nueva fecha, el 9 de octubre.
“Son personas que están vulneradas, bajan de sus lugares de origen buscando tener mejores condiciones de vida, a veces son desplazadas, estas personas. Sabemos que esa es una realidad y se encuentran en las comunidades pretendiendo hacer vida, salir adelante y pues no tienen las condiciones que requieren para poder salir adelante, pues para empezar se topan con una circunstancia cultural muy adversa y las condiciones en las que llegan no son las mejores para poderse desarrollar”, agregó.
MO