Por violaciones al proceso legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó invalidar la Ley de videovigilancia de Morelos, la cual buscaba regular el acceso de las policías estatales a la información recabada, así como su interacción con la línea de emergencia 911 y otros sistemas de seguridad.
Durante la sesión pública de este martes, el Pleno del máximo tribunal del país concluyó que fueron inconstitucionales las reformas a diversos artículos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable y el Código Penal, publicadas el 12 de agosto de 2020.
La ministra encargada de elaborar el proyecto de este caso, Loretta Ortiz Ahlf, enumeró una media docena de violaciones en que incurrió el Congreso de Morelos para poder expedir esta Ley de Videovigilancia.
"No se demostró que el dictamen presentado ante el Pleno del Congreso haya cumplido con la debida aprobación y presentación de las respectivas comisiones. El documento que se tuvo como dictamen careció de publicación y difusión adecuada en el portal de internet, lo que menoscabó la posibilidad de que el cuerpo legislativo lo conociera y estableciera una postura", puntualizó.
De acuerdo con el proyecto de sentencia, el Congreso de Morelos tampoco realizó la lectura de un dictamen de fecha anterior a cuando se reunieron las comisiones legislativas, lo cual resultó erróneo ya que su contenido era diverso al presuntamente aprobado y al publicado en el Periódico Oficial del Estado.
"No se justificó la tramitación de urgencia y obvia resolución que se dio al decreto". Ello evitó la discusión y aprobación del documento, lo que limitó la posibilidad de las minorías legislativas para oponerse a su votación. "No hay la certeza de que el decreto finalmente publicado efectivamente coincida con el que fue dictaminado, presentado, deliberado y votado en el Congreso", abundó.
La ministra Ortiz Alhf concluyó que el decreto impugnado se le dio el trámite como un asunto de urgente y obvia resolución; sin embargo, enfatizó que esto no convalida los vicios del procedimiento legislativo.
MO