El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se pronunció durante fin de semana en contra del monopolio gasero en la entidad, asegurando que creció y se fortaleció al amparo de gobiernos panistas, provocando que los precios del gas LP en el estado sean los más altos del país.
“Yo siempre lo he dicho fuerte y quedito: yo no creo en los monopolios, no son de la cuarta transformación, no son de la ideología del Presidente. Somos muy abiertos en ese aspecto, yo quiero competencia porque es la única manera que puede haber mejor servicio, número uno, y mejores tarifas”, dijo el mandatario.
A pregunta expresa sobre el monopolio existente entre las gaseras Zeta Gas y Silza Gas, propiedad de la familia de empresarios Tomás Zaragoza Ito y Evangelina Zaragoza López. Bonilla Valdez achacó que estas prácticas monopólicas son producto del desgobierno de las anteriores administraciones panistas.
“Esto se debe mucho al desgobierno que ha habido por 30 años, o sea aquí solamente los panistas se hicieron ricos. Los hombres más ricos de Baja California son los nuevos panistas, todos ellos están ligados a los negocios, todos, o sea, familias ricas con hijos y con sobrinos”, señaló.
De acuerdo con el último reporte de Precios Vigentes al 15 de diciembre de 2019 de la Comisión Reguladora de Energía, Baja California es la segunda entidad con los precios más altos en el mercado del gas LP en el país. Mientras que Oaxaca o Chiapas tienen los precios más bajos con 15.83 y 14.43 pesos por kilo, en Baja California las familias pagan 20.78 pesos por kilo, es decir, hasta cinco pesos más. A nivel nacional, el promedio arrojado por la CRE es de 18.05 pesos por kilogramo.
El secretario de Economía Sustentable y Turismo del estado, Mario Escobedo Carignan, reconoció que los altos precios del gas LP en la entidad, son producto de la falta de competencia en la industria.
"Tenemos un monopolio de gas en el Estado, donde un pequeño grupo de gaseras representa el 82 por ciento del mercado en Baja California, eso tiene como consecuencia de que el gas de Baja California es el gas más caro de todo el país, eso no es justo para los bajacalifornianos y eso es por falta de competencia”, declaró en diciembre pasado.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se ha pronunciado al respecto afirmando que la sobrerregulación a las normas federales que establecen algunos estados “protege indebidamente a los negocios ya establecidos de la competencia potencial que podrían enfrentar, y limita las opciones de abasto para los consumidores".
"Ese tipo de disposiciones conllevan implicaciones anticompetitivas, evitando que sean las propias condiciones del mercado las que determinen el número de negocios que se deben establecer, así como su ubicación”, aclara el organismo.
La Cofece exhortó a los municipios y cabildos de Baja California, a través del oficio PLENO OPN-012-2016 para que “con el objeto de eliminar las restricciones para el establecimiento y operación de nuevas estaciones de servicio y evitar daños al proceso de competencia y libre concurrencia, se recomienda que las entidades federativas, los ayuntamientos y alcaldías adecúen su regulación”.
Además recomendó “eliminar disposiciones que prevean distancias mínimas entre estaciones de servicio, eliminar disposiciones que establezcan superficies mínimas y frentes principales que deben tener los predios para construir estaciones de servicio”.
Sin embargo, contrario a las recomendaciones de la Cofece, el gobierno municipal de Tijuana encabezado por el morenista Arturo González Cruz declaró que, prepara una actualización y endurecimiento del reglamento de uso de suelo para impedir que nuevas empresas distribuidoras de gas LP se instalen en Tijuana, fortaleciendo los mecanismos de protección institucional que han protegido el monopolio del gas en la entidad.