Jessica Estrella Silva Zamarripa, recordada por sus seres queridos como una defensora del agua del Desierto de Chihuahua, viajaba rumbo a casa en compañía de su esposo, Jaime Torres, a bordo de una camioneta pick up.
Eran alrededor de las nueve de la noche del 8 de septiembre de 2020. Horas antes, ambos acudieron a una protesta en la presa La Boquilla, ubicada en el municipio de Camargo, con la que se exigía detener el desfogue previsto por las autoridades para cumplir con el Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales, firmado por México y Estados Unidos en 1944.
Al transitar por una de las principales avenidas del municipio de Delicias, Jessica Silva y Jaime Torres fueron atacados a tiros. El caso atrajo la atención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debido a que las balas fueron detonadas por agentes de la Guardia Nacional. ¿Qué pasó aquel día y qué arrojaron las investigaciones? En MILENIO te contamos.
La violenta disputa por la presa La Boquilla
El 19 de agosto de 2020, el Gobierno de Chihuahua solicitó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) acreditara una declaración de desastre natural por la seguía que experimentaron 52 de los 67 municipios del estado. En aquel entonces, las autoridades alertaron que el almacenamiento en las presas era lo suficientemente bajo como para amenazar la producción agrícola y ganadera.
Motivados por la incertidumbre que generó la falta de lluvias y por las sospechas ante un posible manejo irregular del líquido, grupos de agricultores y campesinos realizaron una protesta en la presa La Boquilla, uno de los puntos en donde el agua era extraída bajo el argumento de cumplir con el Tratado de Aguas.
El 8 de septiembre de aquel año, una multitud armada con palos y piedras se enfrentó a los elementos de la Guardia Nacional que resguardaban la presa. Ante la intensidad que alcanzó la protesta, los agentes federales tuvieron que retirarse del lugar, el cual quedó en manos de agricultores durante 13 meses.
El ataque contra Jessica Silva y Jaime Torres
Según las investigaciones realizadas por la CNDH, Jessica Silva y Jaime Torres iban rumbo a su domicilio cuando fueron rebasados por un vehículo que portaba la leyenda "Sin agua no hay vida" y era escoltado por dos camionetas de la Guardia Nacional.
Al seguir el trayecto de dicha unidad, la pick up de la pareja fue alcanzada por los uniformados quienes, "sin previa advertencia", dispararon en su contra. Jessica murió en el acto, mientras que Jaime sufrió múltiples heridas.
En un primer momento, acorde con la Comisión, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que los guardias nacionales habrían accionado sus armas como una forma de responder a "acciones violentas" de personas manifestantes. Sin embargo, la CNDH determinó que "el uso de la fuerza aplicado fue ilegítimo" y no se efectuaron maniobras menos letales para detener la marcha del vehículo, como comandos de voz.
"Por otro lado, la propia SSPC confirmó que no hubo ningún elemento lesionado o fallecido y tampoco se aseguraron objetos, valores, armas de fuego, cartuchos, ni equipos tácticos. Además, en la Carpeta de Investigación iniciada por este caso no existen diligencias que acrediten que las víctimas hayan efectuado disparos de arma de fuego, por lo que no se justifica que el personal de la GN accionara sus armas", puede leerse en la recomendación de la CNDH.
Jessica era una ama de casa y trabajadora agrícola de 35 años. Al momento en que las balas acabaron con su vida, tenía dos hijos y una hija adolescentes, según datos recuperados por Amnistía Internacional.
El 27 de octubre de 2020, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) tomara cartas en el asunto, la Guardia Nacional reconoció que había indicios para "suponer la culpabilidad de algunos elementos de nuestra institución" y advirtió que no se tolerarían abusos ni usos excesivos de la fuerza.
Esa misma fecha, la FGR confirmó la detención de seis miembros de la Guardia Nacional por su probable participación en los hechos. Días después, como lo informó MILENIO, el sargento Bernabé 'L' fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en agravio de Jessica Silva y tentativa de homicidio contra Jaime Torres. Los otros cinco agentes fueron procesados su probable responsabilidad en delitos contra la administración de la justicia.
En septiembre de 2023, el diputado Francisco Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano, acusó que el proceso de procuración de justicia no había permitido reparar los daños en este caso, ya que cinco de los seis agentes presuntamente involucrados se encontraban en libertad y el sexto "se encuentra amparado".
La reciente advertencia de Trump por el Tratado de Aguas
Como ya lo había hecho el pasado mes de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagó con imponer un arancel del cinco por ciento a México por un supuesto "incumplimiento" al Tratado de Aguas, un acuerdo de cooperación que define cómo se distribuyen los caudales de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo para ambos países.
Según el mandatario estadunidense, la limitada recepción del líquido en su país pone en riesgo al sector agricultor de Texas. El Gobierno de México, por otro lado, advirtió que las sequías extraordinarias al norte del país han dificultado cubrir a cabalidad con la entrega del volumen establecido.
"En el último año del ciclo se hizo un esfuerzo muy importante combinado con las lluvias que hubo, sobre todo, en este año, y permitió resarcir una parte del faltante de los años anteriores. Sin embargo, queda un volumen pendiente de poco más de mil millones de metros cúbicos de agua que tenemos que cubrir en este ciclo", explicó Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana el 9 de diciembre.
Frente a esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que autoridades de ambas naciones tendrían una reunión virtual para alcanzar un acuerdo en este tema.
BM.