Después de más de 15 horas de audiencia en salas de juicios orales del penal de Pacho Viejo en Coatepec, el juez Antonio Zarur Ahumada determinó esta madrugada de jueves, vincular a proceso al ex fiscal Jorge Winckler Ortiz e imponer un año de prisión preventiva justificada.
La Fiscalía General del Estado informó que, a través de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, obtuvo obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jorge “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura, en agravio de la víctima identificada con las iniciales G.A.G.
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El Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal 115/2025.
Jorge Reyes Peralta, abogado del ex director de servicios periciales, Gilberto Aguirre Garza, presunta víctima de tortura con música de reguetón —principalmente de Maluma—, señaló que por ahora quien fuera abogado y fiscal general del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se queda en el penal de Pacho Viejo, y será la Dirección de Readaptación Social del gobierno de Veracruz, la que defina cuál será el lugar definitivo de reclusión durante su prisión preventiva.
Jorge Winckler fue acusado del delito de tortura, mismo delito por el que ya tiene una investigación y por el que le impusieron prisión domiciliaria.
Presuntamente también torturó a Francisco Zárate Avila, quien era escolta del ex fiscal de Javier Duarte, Luis Ángel Bravo Contreras.
A Gilberto Aguirre lo habrían torturado e interrogado sin la presencia de su abogado al interior del penal de Pacho Viejo.
En las pruebas de alegatos desahogadas se expresó que usaban previo a los interrogatorios que eran de madrugada, música a alto volumen.
Antes de la audiencia Jorge Reyes Peralta, había advertido un supuesto pacto entre el acusado a través del ex gobernador Miguel Ángel Yunes y la presidenta del Poder Judicial, Lizbeth Jiménez, y que Jorge Winckler pudiera quedar en libertad.
“Se impuso la justicia”, señaló el abogado penalista.
Jorge Winckler podría alcanzar hasta 20 años de prisión, aunque el resolutivo del juez aún puede ser apelado por la defensa del ex fiscal.
En entrevista previo al fallo del juez, afuera de Pacho Viejo, el abogado del ex fiscal Winckler Ortiz, Luis Enrique González Lira indicó que que ya esperaban el resolutivo sobre la vinculación a proceso y advertían “una inclinación hacia el ente persecutor que es fiscalía”, y la audiencia del viernes pasado la defensa había promovido tres incidencias por violación a derechos humanos; pero les fueron negadas la recepción de pruebas.
“Todo fue negado, con argumentos que no son acordes a lo que deberíamos exigirnos como abogados”, señaló.
Pedían un sobreseimiento porque “en nuestra consideración se está violentando el principio de prohibición de doble enjuiciamiento, porque había una determinación de no ejercicio de la acción penal sobre los mismos hechos, que ningún juez de control, que es el único legitimado para revocar, lo hizo, los abogados y la víctima; bueno quién se dice víctima, no recurrieron ni ordinaria, ni extraordinariamente, esa decisión, pero en este procedimiento viene y dice Fiscalía: bueno, yo te quiero abrir este procedimiento, y te voy a exponer las mismas pruebas que un homólogo fiscal determinó como que no habia delito, como que era un hecho que ameritaba ser sobreseido (dejado sin efecto la acusación)”.
El juez lo declaró infundado, señalando que el decretamiento de la acción penal no es lo mismo que un sobreseimiento, sabiendo dijo, que hay jurisprudencia en razón de una resolución análoga que tiene calidad de vida juzgada. Además, indicó que van a apelar a la justicia federal.
El sobreseimiento del primer caso de tortura contra Jorge, se determinó después de citar a fiscales, a custodios, de hacer pruebas periciales, y pruebas de campo, que demostraba que lo dicho por la víctima en cuanto a su tortura no era creíble, decretó sobreseimiento. Esa decisión en la audiencia de hoy no fue atendida o considerada, por lo que todo será “materia de impugnación, confiamos en las autoridades federales”, señaló González Lira.
LP