La alianza de jubilados y pensionados de CFE, Banrural, Bancomext, Pemex y NAFIN, entre otras dependencias, se declaró lista para este viernes llevar a cabo la consulta nacional para exigir al gobierno de la 4T ponga fin a la retroactividad de sus pensiones, que fueron violentadas en abril bajo principios arbitrarios.
Lo anterior fue dado a conocer por Gabriela Alvarado Domínguez, quien sostuvo que han definido al menos cinco puntos estratégicos para solicitar a la población su firma en apoyo a las medidas legales que sean necesarias para que se dé marcha atrás a dicha medida que atenta contra el patrimonio y futuro de familias y adultos mayores.
Acompañada por Carlos Gallegos Cruz y Fidel Delgado Hernández, ambos jubilados de la misma empresa del estado, así como de Yasmin Amezcua, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Banrural, expusieron que la medida busca como objetivo ejercer la presión necesaria para que el gobierno federal les restituya en principio los sueldos retenidos y en segundo que no quede en el limbo la decisión de suspender el recorte de las pensiones, sino que se emita un decreto.
Buscan recabar firmas
De esta forma, dijo que desde el comité central se han establecido las bases y la organización para llevar a cabo una consulta nacional simultánea a nivel nacional en la que se pongan puntos de recabar firmas en universidades plazas públicas, puntos de encuentro familias como Galerías Laguna, Plaza Cuatro Caminos, Paseo Colón e incluso en la Clinica 16 del IMSS para obtener la opinión de la gente respecto a sí están de acuerdo o no en que el gobierno pueda vulnerar aquellos derechos ganados en la vida laboral de las personas.
Les pusieron un "tope" de 144 mil pesos mensuales
Recordaron que su lucha comenzó partir de la modificación del Artículo 127 Constitucional en la que los diputados y senadores de Morena aprobaron cancelar los derechos laborales 93 mil jubilados y pensionados de diversas dependencias del gobierno federal, a fin de que a partir de esa fecha ganaran el 50% por lo que por derecho puede ganar la Presidenta de la República, es decir, que sus ingresos ganados a través de toda una vida de servicio e incluso por contrato fueran “topados” a 144 mil 290 pesos mensuales.
Añaden que durante dos meses la retención fue más severa, al punto de que ganaban entre 62 y 67 mil pesos; sin embargo, en junio se les liberó pero de manera parcial, dado que todavía hay mucha gente que no está recibiendo sus pensiones completas, cuando lo que buscan es poner fin a la retroactividad que afectó a los trabajadores de confianza.
Hicieron ver que en ese sentido no hay “piso parejo” dado que la afectación dejó a salvo a organismos federales e instituciones donde no les conviene quedar mal, como es la Suprema Corte de Justicia, como a las fuerzas armadas del Ejército Mexicano, ya que en estos casos las pensiones se dejaron intactas.
Precisan que del universo de afectados, aquí en La Laguna existen unos 300 pensionados de la Comisión Federal de Electricidad, mientras que de Banrural algunos 14 personas; sin embargo, refieren que una gran parte de estos se trata de personas adultos mayores entre 75 y 85 años con problemas de salud muy severos desde cáncer, hasta enfermedades crónicodegenerativas desde diabetes e hipertensión, que demandan tratamientos y cuidados especiales.
Lamentan que en ese contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos les haya ignorado su petición de observaciones al gobierno federal el poner en riesgo la vida y salud de los trabajadores pensionados, ya que el pasado 22 de julio que acudieron a la Ciudad de México a entregar su queja con fundamentos sociales y jurídicos, simplemente jamás les respondieron.
aarp