Ocho jueces del Poder Judicial jubilados presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para denunciar que no les han pagado sus pensiones desde que se retiraron el año pasado.
Nicolás Hernández Contreras y Laurentino Sosa Capistrán explicaron que se jubilaron a mediados del 2017 y que hasta la fecha ni siquiera les han entregado el acuerdo de jubilación, documento que aprueba el proceso y tras el cual deben esperar siete meses para que les comiencen a pagar la pensión.
Debido a la falta de pago, los jueces jubilados pidieron el apoyo de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz.
La vocera de la coalición, Adriana Chávez Tejeda, indicó que el gobierno estatal le debe al Instituto de Pensiones (IPE) más de 8 mil millones de pesos.
"La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno estatal no está entregando al IPE lo que debe aportar por pago de pensiones y retiros de los burócratas estatales. El IPE dice que la Sefipan no da todo el dinero”, dijo en entrevista.
Además, Chávez indicó que el gobierno no está cubriendo el déficit de las cuotas de aportaciones de los trabajadores en activo, que arrastran desde la administración pasada, y hay muchos casos de jubilados a los que no les están pagando las pensiones a tiempo ni los retroactivos.
Los jueces dijeron que el principal problema es que no tienen servicio médico ni trabajo, por lo que los que están o tienen familiares enfermos tuvieron que afiliarse al Seguro Popular para seguir su tratamiento.
Incluso, el ex juez Hernández Contreras señaló que su esposa le dijo que mejor la deje morir para que no siga gastando casi mil 500 pesos por hemodiálisis cada tercer día.
RLO