La invasión de viviendas por grupos organizados representa una problemática social grave en la Región Lagunera de Coahuila y Durango, en donde existen fraccionamientos enteros apoderados por personas que no pueden comprobar su legalidad.
Además, en la mayoría de las situaciones se resisten a salirse, despojando a los verdaderos dueños, quitándoles su patrimonio el cual los obtuvieron con base en su trabajo.
LARGO PROCESO
Para quienes deseen la recuperación de su inmueble por la vía legal, por más absurdo que sea, tendrán que atravesar por un largo camino, en donde no solamente perderá tiempo, sino también dinero.
Así lo plantea la abogada Esther Esparza, quien desde hace varios años, es representante legal de ciudadanos a quienes de la noche a la mañana, les fueron arrebatadas sus viviendas.
Cuando de repente, un día extraños interrumpieron y se instalaron con todo y sus pertenencias, cambiando el color de las paredes, ventanas, puertas, rejas, chapas, candados, inclusive haciendo un área de jardín con su respectiva mesa y sillas.
Durante el transcurso del tiempo, Esparza ha visto que estas agrupaciones, invasoras de viviendas, no son locales y pueden venir del centro y sur del país.
El Dato.Organizados
Entre sus principales características es que funcionan a través de líderes, cuyo principal mérito, es llenar el vacío que existe por la necesidad de protección de otras personas, factor que los fortalece y agranda ante cualquiera que desee sacarlos por su propia cuenta, e inclusive generando caos y violencia.
“El problema es muy grave, ellos dicen que protegen al pobre, y estoy completamente en desacuerdo, porque es al pobre al que le están quitando su propiedad, al trabajador, que se levanta a las cinco de la mañana, toma el camión a las seis y entra a las siete a la maquila, para salir a las siete u ocho de la noche, ese es al pobre al que deben proteger".
"Pero no, le estás quitando, ahora ¿por qué él no utiliza su casa?, pues él sabrá, pero la está pagando, por el contrario, estos grupos están metiendo al flojo, al revoltoso, al que no tiene tiempo para trabajar, pero sí tiene tiempo para irse manifestar y cerrar carreteras federales”, expresó.
Debido a este crecimiento de dichos grupos sociales, quienes tienden intimidan e infunden temor, como una de sus tácticas, es que muchas personas deciden iniciar con un proceso legal por despojo, el cual tarda alrededor de dos años, con un costo de quince mil pesos. Por obvias razones, muchos se quedan a mitad del camino y con su propiedad a la deriva.
EN LA LEGALIDAD
El proceso inicia con una denuncia por despojo del afectado en la Vicefiscalía, de ahí se turna a la vía civil en donde deben presentar como pruebas escrituras, testigos, fotografías de la propiedad, recibos de pago.
“Llega a ser un expediente muy grueso de cosas innecesarias porque cuando la otra parte le llaman para que se defienda, le dicen que presente las escrituras, y pues obviamente no las tienen”.
También dijo estar en desacuerdo en que un invadido, debe pagar por recuperar su propia vivienda, pues al contar con su título de propiedad, presentar los documentos que solicitan, no debería haber problema alguno para dictar la sentencia.
De acuerdo a las leyes actuales, los invasores podrían tener derecho a las viviendas por un periodo de tiempo que ocupen el espacio, pero deben comprobar pagos de los servicios básicos, predial, y otras serie de requisitos.
“Pero resulta de que ellos no mueven un dedo y si ven una casa arreglada, pues la desarreglan fácil, ellos mismos vandalizan las propiedades y hay pruebas de eso, también, tengo pruebas de que ellos no pagan un solo peso de los servicios básicos que todas las personas usamos en nuestras casas”.
LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Por otro lado, existen agrupaciones que justifican las invasiones con el argumento de la difícil situación económica que atraviesan y que los obligan a buscar las formas vivir con su familia.
En este caso, José Flores, quien aunque resaltó no ser líder de ningún grupo social, está asesorando y brindando apoyo a las alrededor de dos mil 200 personas de Gómez Palacio y Lerdo, Durango, quienes fueron engañadas por “ciertos líderes”, por la promesa de obtener una vivienda.
A estos a quienes les pagaron sumas de dinero, pero al final, desvanecieron cientos de sueños.
El grupo de personas, están distribuidas en alrededor de doce fraccionamientos de Gómez Palacio y Lerdo, en donde aseguró que viven desde hace ocho a doce años.
Flores se limitó solamente a dar como ejemplo; San Juan I, San Juan II, y Las Margaritas.
“Hasta el momento no tenemos ninguna solución, estamos luchando por eso, a raíz de que fuimos engañados por ciertos líderes, decidimos hacer las cosas por lo legal”.
Para el representante de familias quienes viven en esta situación, lo que ellos hicieron, no se puede considerar invasión de propiedades, pues más bien están en casas que les dejó su “supuesto” líder, aunque aceptó que no eran de él.Por lo pronto, están en la espera en los cambios de los próximos gobiernos municipales, pues tienen la esperanza de poder establecer un acuerdo y negociar.
“Pero que quede claro que no somos invasores, somos gente que tienen necesidad de vivienda y quieren regularizar, pues se les está negando los servicios”, concluyó.