La sobreexplotación de los mantos acuíferos en La Laguna ha provocado la disminución considerable de agua de calidad debido a la presencia de elementos como el arsénico, así como el desabasto de agua potable ante el abatimiento de los pozos.
En los últimos años, el desabasto de agua ha sido una constante, que se agudiza durante la temporada de verano cuando las temperaturas se incrementan hasta en los más de 40 grados centígrados.
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Actualmente se tiene una recarga anual de 530 millones de metros cúbicos al acuífero de la Laguna, sin embargo la extracción es de 1088 millones y existen concesiones por más de 650 millones, por lo que rebasan por más de 120 millones de metros cúbicos.
Rafael Zuno Sandoval, integrante de Encuentro Ciudadano Lagunero (ECL), manifiesta que se extrae más de lo que se recarga, lo que representa un serio problema.
La situación, dijo, es muy compleja porque la política que se tiene actualmente, incluso en el municipio es abrir más pozos ante la falta de agua, sin embargo lo que se está haciendo es agudizar la problemática debido a que se va agotar más rápido el acuífero.
“Es una política de tipo suicida y en realidad, los gobernantes dicen, el problema queda para los que vengan, yo mientras sigo abriendo más pozos y diciendo que no hay problemas para la cuestión de surtir el agua, pero el agua que se está surtiendo cada vez es de peor calidad”.
Una solución reciente ante desabasto y mala calidad del agua
Una de las medidas que se han tomado recientemente para dar solución a la problemática de desabasto y a la mala calidad del agua por la presencia de arsénico, es el programa de Agua Saludable, proyecto que indicó, resuelve un problema inmediato, pero que debería atender desde la raíz.
Asegura que los acuíferos deberían quedar como una reserva estratégica debido a que el cambio climático y la sequía, son factores que generan que no se pueda surtir la cuenca, lo que podría llevar a una crisis que provocará que no haya agua para alimentar la potabilizadora.
Actualmente las presas se encuentran muy por debajo de su capacidad, por lo que si la sequía se prolonga, va a llegar el momento en que no se tendrá el agua suficiente para el riego de las parcelas.
Señaló que una de las acciones que han realizado para evitar que continúe la sobreexplotación de los mantos acuíferos, se está trabajando en diversas vertientes, una de ellas es la parte jurídica, por lo que se impulsó un amparo en el que se señala que Conagua es el encargado de remediar dicha situación y ha hecho caso omiso.
Dicha situación, obliga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) , así como a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a desarrollar un programa para restablecer y nivelar el acuífero en función de extraer igual o menor cantidad de agua de la que se recarga.
Hasta el momento, la Comisión Nacional del Agua no ha entregado el programa, por lo que ya se aplicaron sanciones y multas a los titulares tanto de la Conagua como de la Semarnat, se cuenta con un tiempo estimado para hacerlo ya que de no ser así podría haber una inhabilitación.
“En un plazo de 6 meses se tienen que entregar un programa de cómo van a iniciar la recuperación y el manejo de la gestión del agua con carácter sustentable”.
A nivel nacional, a través de la “Coordinadora Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida”, de la que forman parte, están impulsando una nueva Ley General de Aguas, de la que esperan se pueda impulsar en la próxima legislatura, que es otra de las vías.
De igual manera, señala, se está impulsando la organización de fuerzas desde la base a través de la formación de Contralorías Ciudadanas en los estados, organizaciones que tengan la posibilidad de exigir y ser tomados en cuenta en la toma de decisiones en el manejo del agua y vigilancia del cumplimiento de la ley por parte de las instituciones encargadas del manejo del agua.
Se espera que en la próxima legislatura federal se establezca la nueva Ley de Aguas, pues recordó que la corte estableció que después de haberse señalado las modificaciones de la Ley en el 2012, al siguiente año debía de establecerse la nueva Ley General de Aguas, sin embargo a la fecha no se ha concretado.
“Le han dado vueltas, porque los intereses que se mueven son muy fuertes, las refresqueras, las cerveceras, productores de lácteos, está difícil, son muchos y grandes intereses económicos”.
Zuño Sandoval, aseguró que se ha priorizado el sector económico y se ha dejado lo doméstico a un lado, pues en el artículo cuarto del derecho humano al agua , se establece la importancia de priorizar el agua para el uso humano, en segundo lugar la cuestión ecosistémica y en tercer lugar lo económico, sin embargo, consideró que resulta lo contrario.
Necesario establecer políticas públicas
Gerardo Jiménez, integrante de ProDeNazas, asegura que es urgente e inaplazable que se apliquen políticas públicas para recuperar los ecosistemas y los recursos hídricos.
A partir de 1992 se estableció un marco normativo y políticas públicas que han mercantilizado el agua, lo que ha ocasionado la crisis hídrica tanto nacional como internacional.
En el caso particular de la Comarca Lagunera, dijo, están convencidos que el problema del agua es específicamente de gestión, debido a que es una región privilegiada que cuenta con amplia disponibilidad de agua, pero que no se ha sabido gestionar.
Es por eso, que se requiere que se apliquen las medidas necesarias para recuperar los ríos y acuíferos.
Expuso que se ha priorizado el agua como un insumo a la producción, como una mercancía lo que ha favorecido un crecimiento económico importante en la región, pero ha demeritado el abasto a la población.
Indicó que lo que se busca es conducir el curso de la aplicación de la sentencia en una negociación con Conagua y la Semarnat para buscar las medidas más adecuadas que permitan recuperar el acuífero principal, que es una parte del agua de la que se dispone en la cuenca.
Existe una gran preocupación, debido a que los informes que han recibido indican que el estado del acuífero es grave.
Se han revisado documentos y normas, en donde se ha llegado a la conclusión que mucha de la información gubernamental tiene sesgo y no está construida sobre bases sólidas en términos científicos.
Explicó que en los estudios de disponibilidad de agua del acuífero municipal y de acuerdo a la norma oficial 011, establece que el acuífero se delimita administrativamente en 12 mil kilómetros cuadrados, lo que es una delimitación administrativa y no hidrológica, por lo que puede existir sesgo.
“La delimitación de los acuíferos tiene que ser bajo criterios hidrológicos como las cuencas, y el estudio de disponibilidad lo que hace es, estima con base a 3 mil kilómetros cuadrados”.
Consideró que el estudio de disponibilidad, no solo considera una delimitación arbitraria de los recursos hídricos del subsuelo , sino que la estimación que hace de la disponibilidad tiene sesgo porque no considera ni siquiera los 12 mil kilómetros cuadrados.
Dijo que es necesario que se revise, debido a que es probable que no haya un acuífero principal solo, sino que haya un acuífero más grande que abarque varios de los acuíferos de los que están delimitados en la región.
“Hemos planteado a la Conagua que la solución a esta problemática debe realizarse con base a criterios científico-técnicos”.
Corrupción en el manejo del agua
Una de las causas que da origen a la problemática de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, es la opacidad derivada de la falta de transparencia en el uso y manejo del agua, aseguró Héctor Emilio Macías Jurado, presidente de la asociación “Alzando Voces”.
Señala que no existe una vigilancia directa sobre la extracción del agua del subsuelo y existe un andamiaje institucional creado para inhibir y prevenir actos de corrupción hídrica.
“Tenemos un sistema estatal anticorrupción, tenemos un sistema nacional de corrupción y un consejo de participación ciudadana, por lo que es importante saber qué es lo que están haciendo para ilustrar lo que es la sobreexplotación del manto acuífero”.
Es necesario que los sistemas anticorrupción estatal y nacional, realicen una investigación, debido a que es a quienes les corresponde.
Consideró importante que la Conagua realice una investigación sobre la extracción ilimitada y dé con los responsables de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, ya que es una problemática que tiene que ser analizada a fondo.
La sociedad civil, dijo, está involucrada para coadyuvar en políticas públicas anticorrosión en el tema del agua que es fundamental para inhibir y prevenir el flagelo que se está sufriendo en la Comarca Lagunera.
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