De los 574 mil vehículos que circulan por la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML) el 31 por ciento no cuenta con derechos de control vehicular ni pagan placas estatales, de acuerdo a un estudio realizado por el Observatorio de La Laguna, proyecto que promueve el análisis y la evaluación de indicadores para mejores políticas públicas en la región.
Es así que de manera irregular circulan cerca de 180 mil unidades, mientras que las regulares sobrepasan las 390 mil en los municipios Torreón y Matamoros en Coahuila, así como en Gómez Palacio y Lerdo en Durango. Además, un 74 por ciento del total son automóviles y un 26 por ciento son camionetas.
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En base a datos sobre vehículos automotrices 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y estimaciones de la ONAPPAFA, revelan que en Coahuila hay más de un millón 157 mil vehículos, de los cuales 300 mil están en condición irregular. Mientras que en el estado de Durango, de las 751 mil unidades en circulación, se estima que 165 mil son ilegales.
El estudio arroja que a partir del último censo de población que indica que la Zona Metropolitana de La Laguna cuenta con 1 millón 434 mil habitantes, se puede calcular que hay un promedio de una unidad por cada 2.5 laguneros.
Respecto a la información recabada por el Observatorio de La Laguna, aunado a la reciente firma del decreto por el gobierno federal para regular a los llamados autos “chocolate”, Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) en La Laguna, resalta las posibles repercusiones que puede generar el hecho de “regularizar algo ilegal”.
“Más allá de lo que puedan recaudar con esto los estados, hablamos de una medida que genera confusión ya que no están claras las condiciones en las que se regularizarán estos vehículos. No se trata de legalizar lo ilegal, sino de regularizar lo ilegal”, señaló.
Puso como ejemplo al sector automotriz como uno de los más golpeados con esta medida. “Esto, obviamente, ocasionaría una caída en la venta de vehículos nuevos y semi nuevos, o en el comercio de autopartes, lo que se vería reflejado en la pérdida de empleos”.
Como un desecho del mercado americano, fue como Marco Zamarripa catalogó a los vehículos que son cruzados por la frontera y que se quedan en el país, tomando en cuenta que son unidades que a corto o mediano plazo suelen presentar problemas mecánicos y además requieren, en ocasiones, refacciones que no son compatibles con las que se manejan o comercializan en México.
Debido a que se pretende cobrar un aproximado de 2 mil 500 pesos ante una posible regularización con refrendo anual, el vocero del CCI en La Laguna manifestó que será considerable el número de familias que no pueda cubrir este impuesto y continúe en la irregularidad.
En contraparte, acepta que un vehículo de procedencia extranjera es una opción para miles de personas que no cuentan con los recursos para adquirir un vehículo nacional.
“Es una opción que la mayoría de las veces no les deja salida a muchos ciudadanos que tienen que trasladarse. Tampoco tenemos infraestructura ni movilidad que nos haga ser independientes del vehículo. Si tuviéramos una ruta y un sistema de transporte eficiente, efectivo y económico, esto quizá reduzca la necesidad de adquirir un automóvil en esas condiciones”, dijo Zamarripa en entrevista para MILENIO.
Recordó que la recaudación de impuestos vehiculares es fundamental para contar con la infraestructura y servicios adecuados en cuestión de movilidad urbana, por lo que los autos irregulares no contribuyen a la causa. “La solución es aplicar la ley para que las unidades extranjeras sí puedan circular en el país”.
aarp