Las demandas laborales contra el Seguro Social, el ISSSTE, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, entre otros, implican mayor complejidad para iniciar procesos de conciliación. De acuerdo a José Luis Palacios Martinez, presidente de la Junta Federal de Conciliación de Coahuila en Torreón, se deberán crear mecanismos para la resolución pronta de estos conflictos, que por su complejidad, se retrasa su resolución.
Esto en el marco de la entrada en vigor de la tercera etapa de la Reforma Laboral, en donde las Juntas Locales y Federales entrarán en un proceso de extinción que puede durar varios años, con la intención de terminar en el menor tiempo posible el mayor número de juicios a través del plan de trabajo de cada Junta, que debieron implementar antes de entrar en vigor esta tercera etapa, por lo que los juicios tendrán que irse concluyendo paulatinamente.
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“En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hay una expectativa para que en los próximos dos a tres años se puedan concluir estos juicios”; precisó que casos de organismos públicos descentralizados que no han podido implementar de manera clara los mecanismos al interior para poder iniciar los procesos de conciliación.
Palacios Martinez indicó: “Hay dificultades en materia de Seguridad Social, donde las demandas, convergen en temas de invalidez, incapacidades, otorgamiento de pensiones, donde es difícil entrar en procesos de conciliación; el Estado deberá crear algún mecanismo alterno para resolver por la via este tipo de conflictos”.
Precisó que a diferencia de los juicios que tienen que ver con despidos injustificados, reinstalaciones, entre otros, aquí la dificultad tiene que ver con organismos que sea demandado, sea particular o público.
Cuestionado sobre el comportamiento en demandas que se presentan con mayor frecuencia, dijo que es un comportamiento uniforme en todo el país, donde de los principales sectores destacan el Seguro Social, ISSSTE, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, que se rigen por sus propios contratos colectivos de trabajo que tienen operación en toda la República y que hay que tratar de manera coordinada entre el estado y cada organismo público.
“Los mismos litigantes tendrán que estar litigando frente ante los tribunales laborales y en las juntas de conciliación y arbitraje, tendrán que duplicar su trabajo”, explicó.
Refirió sobre los sectores económicos presentan mayores procedimientos legales en La Laguna: “La zona es industrial y tiene que poner atención en temas de Seguridad Social”, enfatizó.
EGO