Especialistas en temas hídricos reprochan que los diputados federales tamaulipecos no hayan contribuido a sacar de la congeladora la Ley General de Aguas Nacionales, pese a la sequía que ha originado una crisis sin precedente en la zona, estado y país.
“Terminó la Legislatura federal y se quedó en la congeladora la aprobación de esa nueva ley, a pesar de que el sur y otras regiones del estado enfrentan estrés hídrico y un inminente desabasto de agua y nuestros representantes en la Cámara de Diputados y el Senado no movieron un dedo”, señaló el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Ricardo Cruz Haro.
- Te recomendamos Ietam realiza primer simulacro de funcionalidad del PREP en Tamaulipas Elecciones
Explicó que en febrero de este año se cumplieron once años de que la Ley de Aguas debió aprobarse en el Congreso de la Unión conforme a lo dispuesto por los propios legisladores al elevarse a rango constitucional los derechos humanos de acceso al agua y saneamiento en 2012.
“Su aprobación era urgente, recordemos que con la reforma al Artículo Cuarto Constitucional se otorgó un plazo de 360 días para expedir una nueva Ley General de Aguas que sustituiría la de 1992, el cual venció en febrero de 2013, sin que se haya atendido la disposición en las cuatro legislaturas siguientes y es increíble que nuestros representantes populares no se hayan sensibilizado en el tema, deberían darnos una explicación”, dijo.
Modernizar ley
Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que existe la necesidad de modernizar la ley y adaptarla a la nueva realidad, porque las malas prácticas en la gestión del agua, es una de las causas que contribuyen a la crisis que hoy tenemos en todo el país.
El organismo no gubernamental precisó que en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión acatar la resolución, pero continuó la omisión legislativa.
El activista Ricardo Cruz, dijo que la ley actual es obsoleta y no responde a las necesidades del país, porque cuando se creó no se tenía la crisis que ahora se enfrenta por la escasez de agua.
“Solo queda esperar a que la próxima Legislatura tome el toro por los cuernos, pero lamentablemente no se les escuchan propuestas en ese sentido, es imperdonable que se haya perdido tanto tiempo y hoy estemos en una crisis hídrica terrible, se dejan entrever intereses que no han querido tocar y como ciudadanos tenemos que exigirles”.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece desde febrero de 2012 que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
“El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, entidades federativas y municipios, así como de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
El artículo tercero transitorio de esa reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012, expone que “el Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas Nacionales”.
Al no acatarse dicho plazo, en enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de la omisión y ordenó al Congreso expedir la ley pendiente en su próximo periodo ordinario de sesiones (febrero-abril de ese año), lo que tampoco ocurrió.
De acuerdo con el IMCO, el incremento de las sequías es un reflejo de que el cambio climático ya impacta al país. “La transformación en los patrones de precipitaciones es una realidad, al igual que el aumento de las temperaturas”.
Por ello, llama a mejorar la gestión del agua en México. Refiere que actualmente la toma de decisiones en el sector hídrico se encuentra fragmentada entre actores públicos en los tres niveles de gobierno “y privados con diferentes intereses y responsabilidades”.
Subraya que existen 2 mil 826 organismos operadores de agua, pero al mismo tiempo, la infraestructura hídrica, desde las presas hasta las tuberías y el alcantarillado, son obsoletas y presentan deficiencias.
“Una ventana de oportunidad está en el Congreso de la Unión, el cual tiene pendiente dictaminar y aprobar la nueva Ley General de Aguas”, destaca, al insistir que, de cara a la elección presidencial es urgente que las plataformas políticas de las y los candidatos aborden con seriedad la problemática del agua.
SJHN