En Oaxaca, colectivos de periodistas, diputados locales y autoridades estatales buscan promulgar la Ley Alejandro, además de crear un mecanismo estatal de protección para evitar ataques y atentados en contra de periodistas.
Asimismo, se ha planteado una reorientación de la política de comunicación estatal para garantizar la libertad de prensa y regular el entorno digital, el acoso, la vigilancia y la desinformación.
Acusan agresiones de funcionarios
En un encuentro encabezado por el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, donde participaron 150 reporteros, además de representantes de algunos colectivos y organismos de derechos humanos, se planteó la creación de mesas de trabajo y una comisión revisora para realizar la redacción de la nueva ley.
Durante la reunión, reporteros locales, víctimas de ataques a su labor, criticaron la falta de un protocolo de respuesta inmediata.
Además, se acusó que las agresiones más vigentes en contra de periodistas son generadas desde los ayuntamientos, por presidentes municipales y funcionarios locales, quienes ordenan a policías y topiles agredir a comunicadores.
Otra queja de las amenazas exhibió la presencia de células del crimen organizado, cuya intervención y ataque a periodistas ocurre por favores a políticos y caciques regionales.
¿Qué proponen?
Dentro de las propuestas para hacer valer un protocolo estatal de protección a periodistas, se propuso la creación de un número de emergencias y un call center para recibir quejas y amenazas. También se planteó el otorgamiento de mecanismos de protección personal con policías y garantías de movilidad.
Por su parte, diputados locales plantearon en la reforma a la ley para defender y proteger a periodistas elevar las penas de 40 a 50 años de cárcel sin derecho a fianza a quien atente contra un comunicador.
En otro acuerdo se planteó que toda ley que se promulgue no limite el derecho de informar ni censure, sino que solamente se castigue si se limita o trasgrede este derecho.
ksh