Al menos 70 “pseudosindicatos” han extorsionado a los empresarios de la construcción y el sector energético en Villahermosa, Tabasco, durante los últimos 12 años, por lo que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), celebra la aprobación de la llamada ley garrote, pues consideran que con ello se dejará de afectar a la inversión estatal.
Hoy entra en vigor la reforma al Código Penal de Tabasco, conocida como ley garrote porque introduce un nuevo tipo penal para sancionar con hasta 20 años de cárcel a quien obstruya las vías de comunicación o la ejecución de obras para extorsionar a los empresarios.
El presidente de la Coparmex en Tasbaco, Ricardo Castellanos, refiere que el problema se acentuó desde hace 12 años, al grado en que llegó a representar costos de hasta 30 por ciento de las obras para los inversionistas.
“En Tabasco se volvió una industria del reclamo, así se le llama, pero realmente es la industria de la extorsión”, dijo.
Explico que el modo de operar es que las personas bloquean las vías de acceso a una obra en construcción o a las instalaciones petroleras para exigir dinero a cambio de permitir el paso de vehículos, o a cambio de que algunos de ellos sean contratados. Todo, como supuestos representantes de organizaciones sindicales, o bien, con el pretexto de reclamar el pago de afectaciones a las comunidades aledañas.
“Te frenan con pretextos de desgaste de pavimento, de que a final de cuentas es esa su carretera y su camino, los tipificamos como pseudosindicatos, es decir, sindicatos que ni siquiera tienen una toma de nota, que no están registrados o que usufructúan un logotipo de otros sindicatos que sí está bien establecido, pero que no tienen ni idea de que existen”, señaló Martínez de Castro.
Se presume que tan sólo en el municipio de Paraíso operan 70 organizaciones sindicales, de las cuales sólo 10 están legalmente reconocidas.
Empresarios de Tabasco señalan que uno de los presuntos extorsionador es Ricardo Hernández Daza, quien fue detenido en noviembre del año pasado acusado de defraudar a trabajadores a quienes ofrecía trabajos relacionados con la refinería, y quien tiene denuncias por los delitos de extorsión, amenazas, daños en propiedad ajena, oposición a obras y obstrucción de servicios públicos.
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Otras personas a quienes también se señala como presuntos extorsionadores son Juan C arlos Ortiz Celaya y Francisco Herrera León.
No obstante, la reforma al Código Penal de Tabasco genera desconfianza entre activistas, quienes señalan que si bien la motivación de frenar la llamada industria de la reclamación es legítima, se corre el riesgo de que se use para criminalizar la protesta social.
El ex policía Raúl Jerónimo Amaya, presidente de la Organización de Ciudadanos y Policías en Acción, refiere que durante su desempeño en la Secretaría de Seguridad Pública vio en muchas ocasiones que legítimas protestas por afectaciones en comunidades se desvirtuaban hasta quedar en un mero chantaje para obtener dinero. Para él, la Ley Garrote responde a una necesidad, pero representa también un peligro.
“Los bloqueos nacen por una necesidad de defender a la comunidad, de defender sus derechos, pero después se pervierten, los líderes de estos sindicatos lo toman como un negocio bastante redituable. Si se deja un resquicio legal, a lo mejor posteriormente puede haber alguien que diga, nada más le hacemos unas pequeñas adecuaciones y puede servir para criminalizar toda protesta social”, comentó.
Ayer fue publicada en la edición 8024, suplemento D, el decreto 115 referente a la llamada ley garrote. Al respecto, el secretario de Gobierno, Marcos Medina Filigrana, aseguró que el gobierno estatal está listo para responder mediante los cauces legales las impugnaciones que pudieran presentarse en contra de las modificaciones.
RLO