Al recibir una reducción de su condena, la ex edil de Nochixtlán, Oaxaca, Lizbeth Victoria Huerta, recuperó ya su libertad, luego de más de tres años presa por haber participado en la desaparición forzada de la activista anticorrupción Claudia Uruchurtu, quien la señaló de encabezar una red de desvío de recursos.
De acuerdo con el Toca Penal JOTPAS/001/2023, al que MILENIO tuvo acceso, la magistrada Margarita Gopar Pérez y los Magistrados Luis Cordero Aguilar y Abraham Soriano Reyes, resolvieron que la condena de 4 años 2 meses y 22 días de prisión por obstaculización dolosa de una búsqueda de persona desaparecida no era la adecuada.
Los integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada en el estado de Oaxaca argumentaron que el Ministerio Público no aportó pruebas para demostrar la gravedad de la actuación de la ex edil, por lo que redujeron la sentencia a 3 años y 7 meses de prisión.
La resolución se dictó el 13 de diciembre, y dado que Lizbeth Victoria Huerta ha estado privada de su libertad desde el 13 de mayo de 2021 —justo hace 3 años y 7 meses— se ordenó su inmediata liberación del Centro de Reinserción Femenil de Tanivet.
Aunque la familia de la activista Claudia Uruchurtu sostiene que Victoria Huerta es la autora intelectual de la desaparición forzada de la activista, a la ex edil se le procesó por obstaculización dolosa de la búsqueda y la investigación.
El artículo 39 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece una pena de 2 a 7 años de prisión por ese delito. La sentencia original de 4 años y 2 meses se fijó considerando que Victoria Huerta era la presidenta municipal en funciones y eso agravaba su responsabilidad, dado que se usaron recursos municipales.
Acceso a cargos públicos
Sin embargo, la Sala de Justicia Indígena consideró que en el artículo 39 ya se contempla que el delito es cometido por funcionarios públicos, por lo que determinaron que no era una agravante adicional.
Además de su liberación, con la resolución, Lizbeth Victoria Huerta ya podrá desempeñar cargos públicos, pues la inhabilitación sólo fue impuesta por el tiempo que permaneció presa.
Fuentes cercanas a la asesoría jurídica de la familia de Claudia Uruchurtu refirieron a MILENIO que la resolución de la Sala de Justicia Indígena fue una forma de generar impunidad, liberándola de prisión al mismo tiempo que le posibilitan acceder nuevamente a cargos públicos, mientras que aún desconoce el paradero de la activista.
En junio, MILENIO informó que la justicia por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu pendía de un hilo, pues se había ordenado dictar una nueva sentencia.
El 12 de julio, el juez primero de Distrito en el estado de Oaxaca resolvió el juicio de amparo 1263/2023 y acumulados, que promovió la familia Uruchurtu en contra de la resolución de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada, que el 13 de diciembre de 2023 ordenó, sin entrar al fondo del asunto, la reposición total del juicio.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca, el viernes 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu participó en una protesta en la explanada de la presidencia municipal.
Cuando iba rumbo a su casa y caminaba por la calle Melchor Ocampo, le dio alcance una camioneta Ram, color vino, la cual conducía Juan José Acevedo Martínez.
Del asiento del copiloto descendió Juan Antonio Hernández Martínez, conocido como El Centinela, quien subió por la fuerza a Uruchurtu y la llevó al paraje de La Raya, donde la ejecutó de tres tiros, y después ocultó su cuerpo entre arbustos.
“Por hoy ya hicimos mucho desmadre, el encargo de la jefa ya quedó, vámonos. Mañana venimos para terminarlo”, dijo El Centinela, según el testimonio del chofer Juan José, quien después se convirtió en el principal testigo de la fiscalía del estado.
MO