Coahuila presenta controversia constitucional ante la SCJN contra libros de texto gratuitos

Se convierte en la segunda entidad del país que lleva el caso al Alto Tribunal, para promover la impugnación y distribución.

Libros de texto gratuitos. | Rolando Riestra
Rubén Mosso
Coahuila. /

El gobierno del estado de Coahuila presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la distribución de libros de textos gratuitos del ciclo escolar 2023-2024, convirtiéndose en la segunda entidad del país que lleva el caso al Alto Tribunal.

Valeriano Valdés Cabello, consejero jurídico de la mencionada entidad promovió la impugnación donde se reclama la elaboración, edición impresión y distribución de los libros de texto, “ante la incertidumbre que se ha generado en la opinión pública sobre el contenido de los mismos”.

En los próximos días, un ministro de la Corte determinará si admite a trámite la controversia y si concede la suspensión para que se cancele la distribución de los libros en dicha zona del país.

En días pasados, Luis María Aguilar Morales, ministro de la Corte otorgó una suspensión al gobierno de Chihuahua, la cual frenó la distribución de los libros.

En su acuerdo, el ministro indicó que para la elaboración de las normas deben considerarse a los menores de edad y la aplicación de los programas y los planes de estudio que motiven la expedición de dichos instrumentos educativos.

De igual manera, apuntó que se debe garantizar, la opinión de los gobiernos estatales, de diversos sectores de la sociedad, así como de especialistas en educación, salud, cultura, entre otros.

Lo anterior, porque los planes educativos constituyen un espacio para el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues el Estado está obligado a garantizar que los materiales didácticos sean idóneos y contribuyan a los fines de educación básica.

Aguilar Morales mencionó que la suspensión concedida en la controversia constitucional promovida por el gobierno de Chihuahua, no le causa un daño mayor a la sociedad, ni se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico nacional.

La medida cautelar, apuntó, tiene el propósito de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar que se le cause un daño irreparable.

dahh.

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