Una patrulla de la Policía Municipal de Tula, Hidalgo, fue retirada de circulación y enviada a un corralón, luego de que se detectara que portaba placas correspondientes a un vehículo de uso particular, pese a tratarse de una unidad oficial.
El hecho ocurrió en el centro de la ciudad, en el callejón Tepeji, donde regidores independientes del ayuntamiento acudieron tras recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre la presunta anomalía.
En el sitio, los regidores Ivonne Ponce Sobrevilla y Noé Paredes Meza constataron que la patrulla, identificada con el número económico 01-764, no contaba con la matrícula adecuada para un vehículo de seguridad pública.
Ante la situación, solicitaron la presencia de la Policía Estatal para que tomara conocimiento y definiera el procedimiento correspondiente; sin embargo, dicha corporación no acudió al llamado. Minutos más tarde, elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar y asumieron la atención del incidente.
De acuerdo con el mando federal que dialogó con los regidores, la unidad no presentaba reporte de robo, por lo que no se configuraba un delito. No obstante, reconoció que las placas no coincidían con las registradas en el sistema del Registro Público Vehicular (REPUVE). Señaló que se trataba de una falta administrativa atribuible al municipio, responsable de mantener actualizada la información de sus vehículos oficiales.
A pesar de ello, el comandante indicó que la patrulla no debía continuar en servicio bajo esas condiciones, por lo que se coordinó con autoridades de tránsito para que la unidad fuera asegurada y trasladada a un corralón, en tanto se regulariza su situación administrativa.
Finalmente, la camioneta fue remolcada y resguardada en un depósito vehicular particular, ubicado en la avenida Nacional, esquina con 7 de Agosto, a la altura de la comunidad de San Lorenzo.
De acuerdo con regidores, existen al menos otras tres patrullas municipales que presuntamente presentan la misma irregularidad, lo que calificaron de grave, pues este tipo de situaciones generan preocupación entre la población y afectan la confianza en las corporaciones de seguridad, al proyectar una imagen de desorden y posible riesgo para la ciudadanía.