Integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta exigieron la destitución del director del agrupamiento de granaderos, Álvaro Sánchez “Neptuno”, por las presuntas agresiones que sufrieron dos miembros de la organización en la marcha del pasado 1 de diciembre.
El director de Marabunta, Miguel Barrera, dijo que la investigación por los presuntos actos de violencia y abuso de autoridad debe ser de oficio y no solamente de la Contraloría interna.
En conferencia de prensa, los participantes plantearon que como medida de prevención se deben derogar los delitos de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública, para que no se usen en contra de defensores de derechos humanos durante las marchas y así se respete el derecho a manifestarse.
Cabe recordar que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal inició una investigación de oficio para documentar las detenciones y presuntas agresiones contra dos mujeres integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, Carla Ríos Nava y Frida Cruz Flores, ocurridas el pasado 1 de diciembre.
Sin embargo, la CDHDF había informado que, con base en testimonios de las propias afectadas, las detenciones y agresiones las cometieron elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, cuando las jóvenes observaban y documentaban la detención de otras personas.
En la conferencia, Carlos Cruz, de la organización Cauce Ciudadano, dijo que Álvaro Sánchez “está administrando su propia investigación” y aunque no existe un documento oficial por parte de la SSPDF, se ha solicitado que las partes aporten pruebas para la investigación y de esa manera se sancione a los responsables.
Agregó que se exige la garantía de no repetición y protección, pues “cuando la policía no permite que se desarrollen ampliamente las actividades que la brigada propone, pone en riesgo a las personas que se manifiestan”.
Carla Ríos, joven detenida por policías durante las protestas, aseguró que debido a su condición de mujer las negociaciones han sido complicadas, pues los oficiales no quieren conversar con ellas.
Afirmó que a pesar de las agresiones, la organización va a seguir cumpliendo con su cometido de generar un espacio de diálogo en las manifestaciones.
La petición de renuncia firmada por organizaciones sociales también solicita el cese al hostigamiento y agresiones físicas y verbales a los integrantes de la brigada, que defienden y documentan el derecho a la protesta social, además de la demanda para que elementos de campo que participan en operativos de control de masas estén debidamente identificados.