Más de seis mil casos de violencia resueltos a favor de las mujeres en Coahuila

Miguel Mery, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, señala que existen 1,800 carpetas de investigación anuales por violencia familiar.

Solicitud de alerta de género. | Archivo
Esmeralda Sánchez
Saltillo, Coahuila. /

La posibilidad de emitir una alerta de género en Coahuila en materia de violencia contra las mujeres aún debe pasar por varias etapas entre las que están la evaluación de las políticas públicas actuales sobre el tema, por lo que no es un hecho que se vaya a dar, señaló la Secretaría de las Mujeres a nivel local.

De acuerdo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, se tienen alrededor de mil 800 carpetas de investigación anuales en lo que respecta a violencia familiar en los juzgados especializados desde su apertura en enero de 2021, lo que significa más de 6 mil las “que hemos cerrado favorablemente a una mujer”.

En este sentido, afirmó que no se procede a un juicio largo en tales casos, y se conceden medidas provisionales, además de que se envía al agresor a terapia “si ellos no van, vamos por ellos, y tienen que cumplir, pueden también tener un arresto”.

Además, sostuvo, como Poder Judicial no se promueven los acuerdos entre las partes, “pero es necesario que desde la sociedad se erradiquen las prácticas machistas, a mí me parece que tiene que haber un castigo ejemplar para cada uno de los agresores”.

Cifras de feminicidios en 2023 y lo que va del 2024

El año anterior se registraron 11 feminicidios y durante el 2024 van 13, en este sentido consideró que se debe “aplicar un castigo ejemplar, pero también invertir más al tema preventivo porque en el tema de justicia, están en la cárcel. Creo que nada más hay dos personas en dos años que siguen prófugos, pero el índice de feminicidio afortunadamente bajó”.

Comenzar proceso de solicitud de alerta de género

Maribel Rodríguez Ramírez, subsecretaria del Instituto Estatal de las Mujeres, explicó que se presentó la solicitud de alerta de género por parte de Colectivos de la Laguna, lo que implica iniciar un proceso por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

“Cabe aclarar que aún no está decretada propiamente la alerta; Conavim va a sacar una convocatoria para la conformación de un grupo de trabajo, mismo que se encargará de reunir información respecto de lo que se ha realizado en el Estado de Coahuila para la protección a las mujeres y la prevención de la violencia. Actualmente ya empezamos nosotros a coordinarnos para ir uniendo la información correspondiente, sin embargo, hay un trabajo fuerte por parte del Gobierno del Estado y estrategias precisamente para la prevención, para la atención de la violencia familiar y de todo tipo de violencia que puede presentarse en el estado y estamos en coordinación, todas las instancias que justamente tienen que trabajar en este tema”.

Entre ellas, dijo, se encuentran la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Secretaría de Seguridad Pública, el Poder Judicial, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif ), “todas las instancias estamos en comunicación con los colectivos, con las comunidades universitarias, porque es importante cambiar estas ideologías que favorecen conductas de ese tipo, que violentan la vida de las mujeres”.

Grupo de trabajo

Sofía Díaz Lozano, representante legal de la Asamblea Feminista Mujeres que Luchan por Mujeres, explicó que será este jueves 15 de agosto la fecha para conformar el Grupo de Trabajo y la respuesta sobre si se emite o no la alerta se tendría hasta finales de octubre o inicios de noviembre de este año.

Recordó que en el 2017 se solicitó también una alerta de género para la entidad, y de entonces a ahora el proceso sufrió modificaciones, concretamente en el año 2022:

“Lo que antes se hacía era que, presentabas la solicitud de alerta de género, notificaban a las autoridades, se abría la convocatoria para elegir el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, y una vez seleccionado este grupo realizaba una investigación en un período de 30 días”.

Después de esa investigación se daba un tiempo de seis meses a las autoridades implicadas, en este caso el Gobierno del Estado, para que subsanaran los posibles errores y sí cumplían con la mayoría de los puntos, no se declaraba la alerta de género; en caso contrario se procedía a la declaración.

En 2017 se cumplió con más de la mitad de lo señalado y por eso el Gobierno Federal decidió no emitir la alerta de género; sin embargo, derivado de la reforma se seleccionan dos perfiles en lugar de 8 para conformar el grupo “y si al concluir el informe se da parte de que es concordante con lo que nosotras mencionamos en nuestra solicitud, se declara la alerta”, es decir que el período de subsanar posibles omisiones, ya no existe.

Anteriormente participaban las universidades en la elaboración del informe y ahora serán activistas, sociedad civil o académicas que pertenezcan a asociaciones en defensa de derechos humanos “no se incluyen elementos de instituciones”.

Fortalecen unidades de género 

Al recordar que fue el nivel federal el que no emitió la alerta en 2017 luego de comprobar el trabajo que se estaba realizando, Maribel Rodríguez Ramírez, subsecretaria del Instituto Estatal de las Mujeres, puntualizó que esto no quiere decir que no se den las conductas, y la obligación del Estado es establecer las medidas para prevenir, así como capacitar, sensibilizar al personal que está dentro de las instituciones que lo atienden, lo cual sostuvo, se está realizando.

“Actualmente estamos fortaleciendo todas las unidades de género que existen en los niveles municipales y pues obviamente estamos en el Estado que cuenta con la mayor cantidad de Centros de Justicia y Empoderamiento a nivel nacional”.

A su juicio se requiere una mayor colaboración de la sociedad civil con el Gobierno del Estado, “siempre es importante trabajar desde casa, en las escuelas, en sociedad y con el funcionariado; estamos atendiendo de manera profesional, pero hay que reforzar”.

Esto incluye foros y consultas específicas “para poder fortalecer deficiencias; la solicitud de alerta de género implica propiamente reforzar y establecer estrategias y esperemos que no se llegue a decretar porque obviamente hay un trabajo muy fuerte en el estado, estamos es un estado seguro, si se llega a decretar aquí probablemente implicaría que a nivel nacional se estuviera decretando en todo el país, no quiero minimizar obviamente una vida es una vida y en eso se trabaja”.

Va más allá de un estado 

Diana Murrieta, presidenta de la Asociación Civil Nosotras Para Ellas, consideró que el fenómeno de la violencia contra la mujer “va más allá de un Estado, creo que estamos ante un país que es sumamente machista, que es muy violento con las mujeres y que no disminuyen las cifras o al menos así lo vemos desde la asociación, porque justo no estamos apoyando la prevención”.

Dijo que comúnmente la concentración está en los feminicidios y las violaciones “en estas cifras rojas y estas alertas muy grandes, pero no vamos desde lo más pequeño, ¿cómo nos están educando, porqué se está fomentando estas violencias, porqué existen personas que creen que pueden dañar a una mujer y que es válido?”.

A su juicio, el trabajar en aspectos como elevar el acecho a delito es un paso a la prevención, ya que “es una malla de seguridad para que estas conductas no estén pasando. Creo que México totalmente debería tener la alerta de género en todos sus estados, creo que estamos ante una situación que es inadmisible, que la violencia no solamente crece, sino que también se transforma y entra por las partes”.

Opinó que el sistema de justicia y el acceso a la misma por parte de las mujeres sigue teniendo una deuda histórica, “la realidad es que en la cotidianidad las mujeres no tenemos el acceso porque la justicia ni es gratuita ni es rápida, ni es expedita: tenemos que contratar abogados y también tenemos autoridades, que muchísimas quieren hacer su trabajo y hay otras que no ven cómo este caso le está rompiendo la vida a alguien”.

Para ella se trata de tomar el tema con seriedad; lo que implica mayor capacitación, mejores sueldos y menores cargas de trabajo, “cada Ministerio Público tiene más de 300 carpetas, si queremos empezar a apostar a Centros de Justicia efectivos, tendríamos que hablar de presupuestos”, concluyó.

dahh.

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