La Contraloría del Estado, a través de su titular, Azucena Marín Correa, solicitó al Congreso local juicio político en contra del auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, por presuntamente haber beneficiado a empresas familiares y de amigos con más de 258 millones de pesos.
Su paso por la administración pública ha sido controversial, ya que antes de ser titular de la Auditoría Superior de Michoacán, se desempeñó como Delegado Administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, periodo en el que también fue señalado por presuntos actos de corrupción.
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Lo anterior, a través de un esquema en el que se crearon múltiples empresas en las que sus familiares son socios y resultaron beneficiadas con contratos millonarios.
A decir de la solicitud del juicio político que llegó al Congreso de Michoacán, Aguirre Abellaneda benefició a sus familiares y amigos, Miguel de Jesús Aguirre Orozco, hijo del auditor; Elsa Cecilia Tapia García, hija de Silvia Trinidad Tapia García, auditora especial de Fiscalización de la ASM, así como Francisco Javier Fajardo López y Mayra Orozco Santoyo por más de 258 millones de pesos.
Maram Arquiconstructores y Arquidemos, fueron dos de las empresas que ha utilizado Abellaneda para beneficiar a familiares con contratos, que también recientemente fueron beneficiadas con obras por parte del gobierno de Morelia.
El esquema de conflicto de interés y enriquecimiento oculto va más allá, ya que una vez que las empresas concluyan la obra, será la propia Auditoría Superior de Michoacán la encargada de revisar las obras construidas por sus propias empresas.
Por ello, el Congreso de Michoacán ya recibió la propuesta para someter a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda a juicio político, para que pueda ser destituido y nombrar a alguien que carezca de señalamientos de presunto conflicto de intereses y enriquecimiento oculto.
Cabe señalar que, en total, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda cuenta con al menos 66 procedimientos abiertos en su contra, en los que se compromete su integridad y legalidad.
VRM