Michoacán se convierte en el primer estado en validar reforma judicial: Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla, confía en que el proceso de homologación concluya antes del periodo que marca la ley, de 180 días

El gobernador comentó que la reforma al Poder Judicial local es parte del Plan Morelos (foto: especial)
Milenio Estados
Michoacán /

"La transformación de México y de Michoacán nadie la detiene porque tenemos el respaldo del pueblo”, manifestó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al promulgar y ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado de la Reforma Constitucional al Poder Judicial, la cual forma parte del Plan Morelos.

Con esto, Michoacán vuelve a estar en la avanzada democrática del país al ser la primera entidad federativa en validar esta reforma con la que se homologa la legislación estatal con la federal en materia judicial.

En su mensaje, Ramírez Bedolla enfatizó que con esta reforma se democratiza el tercer poder, que era el único que había estado intocado desde el porfiriato.

"Confío en que quedará concluido este proceso antes del periodo que marca la ley, de 180 días, para homologar las leyes estatales en la materia, las leyes secundarias y de procedimiento que las hagan vigentes", comentó.

¿En qué consiste el Plan Morelos?

El mandatario estatal señaló que la reforma al Poder Judicial local es parte del Plan Morelos, el cual contempla otras ocho reformas entre las que destaca la despenalización del aborto, que ya fue aprobada.

La reforma se envió al Congreso local la iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía a la Universidad Michoacana, garantizar presupuesto pleno, la democratización de la elección de rector o rectora y crear un sistema pensiones propio.

Indicó también que se respetarán los derechos laborales y se brindará al Poder Judicial del Estado, las herramientas necesarias y adecuadas para seguir cumpliendo su labor, así como lo necesario para un retiro digno de jueces y magistrados.

Finalmente, el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, dijo que estas y otras políticas de estado son un avance significativo para garantizar el acceso a la justicia, para que se cumpla la demanda de democratizarla y para modernizar la estructura del Poder Judicial.



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