Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá otorgar un amparo a una asociación civil para que se le reconozca su derecho de llevar a juicio a las empresas Buenavista del Cobre y Grupo México, por haber provocado un “severo daño” al ambiente y a los ecosistemas de las aguas y tierras del estado de Sonora, por el derrame tóxico registrado el 6 de agosto de 2014.
En dicho año, un depósito de sulfato de cobre acidulado se rompió, lo que provocó el derrame de 40 mil metros cúbicos en los ríos Sonora y Bacanuchi. Posteriormente, Grupo México creó un Fideicomiso de 2 mil millones de pesos para reparar los daños ocasionados.
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En la demanda presentada por Defensa Colectiva, Asociación Civil (que integra a campesinos y habitantes), se menciona que ambas compañías ocasionaron un daño ecológico que afectó directamente el patrimonio de las personas que habitan las poblaciones y localidades de los municipios de Arizpe, Banámichi, Aconchi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora y Ures, e, indirectamente, a todos los mexicanos.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentará el próximo 30 de enero un proyecto de sentencia ante sus homólogos de la Primera Sala de la Corte, donde propone amparar y ordenar reponer el procedimiento, reconociendo así la acción colectiva que fue desechada por un juez federal.
En su proyecto, el ministro señala que si el ejercicio de una acción colectiva difusa en defensa del medio ambiente por contaminación al agua, se entrelaza con tantos derechos, el juzgador no puede en una etapa tan temprana del procedimiento, como lo es la certificación, determinar que las prestaciones reclamadas no son acordes con el objeto de la acción, porque aún no se ha dado la posibilidad de probar cuáles fueron las afectaciones que en su caso pudo causar la contaminación de los ríos que se atribuye a la parte demandada, y tampoco puede saber cuáles fueron, en su caso, las consecuencias de esa contaminación.