El alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, dio a conocer que se unirá a otros ayuntamientos en el país para presentar un amparo conjunto en contra de la reciente ley que limita el gasto de difusión en medios de comunicación para los ayuntamientos y estados, y que forma parte del “Plan B”, de leyes secundarias federales aprobado en materia electoral.
“De seguro vamos a estar unidos varios alcaldes, nosotros tendremos reunión el día 15 de febrero en Mérida, los alcaldes de las capitales, y en ese momento vamos a emitir un comunicado nacional”.
Expresó que como municipios existen muchas actividades que se deben comunicar adecuadamente a los ciudadanos e incluso algunas que se prevén que pueden ocurrir, “entonces pues no puedes emplear ese tipo de recursos para eso”.
Indicó que la restricción es total, “y no puede ser”, ya que los ayuntamientos no tienen el tiempo oficial con que cuenta el Gobierno Federal para hacer llegar sus programas a la sociedad.
Aseguró que esta legislación “disminuye mucho la capacidad de comunicación que tenemos los municipios con la sociedad”.
Estrategia jurídica
Por su parte, el municipio de Torreón analiza acciones jurídicas a emprender ante las modificaciones a la Ley de Comunicación Social federal.
“Se está estudiando la estrategia jurídica, y a la par estamos haciendo los ajustes de conformidad con la ley”, dijo la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández a pregunta expresa.
Por su lado, el tesorero Óscar Luján indicó que están en proceso de modificar el presupuesto en materia de Comunicación Social, lo cual implica que del gasto total de Torreón no podrá rebasar el 0.1% y antes el tope era el 3 por ciento.
“Es una reforma que nos agarró de sorpresa a todo el mundo y la verdad es que se reduce el presupuesto a su mínima expresión. Lo estamos dejando en manos de los abogados y que ellos hagan los estudios para ver si van hacer amparos o controversia constitucional”.
Precisó que al año el monto asignado para publicitar programas y acciones de gobierno en Torreón era de entre 90 y 100 millones de pesos, pero ante la nueva disposición federal quedará en 3 millones 250 mil pesos.
“Los abogados están estudiando el caso y me imagino que en toda la República, pues es una disposición federal. Nos están obligando a que en febrero modifiquemos nuestros presupuestos. Todos los estados deben estar buscando la forma de acatarlo y no podemos ir sobre ella”.
Puntualizó que por el momento no hay nuevas contrataciones en cuanto a convenios relacionados a la publicidad de acciones o programas gubernamentales.
Refirió que el amparo pudiera ser una vía, “pues todos tenemos derecho a hacerlo, pero estaremos a la espera de que se gane o pierda”.
Cabildo desconoce si se interpuso amparo
Sostuvo que en el caso de Durango capital, hasta el momento no se ha dado un pronunciamiento sobre si se suma a los alcaldes de las capitales para interponer amparos contra esta disposición federal.
Comentó que a la clase política nacional durante el debate de la Reforma Electoral, y el “Plan B” hace ya unos meses, se aprobó la Ley de Comunicación Social del Gobierno Federal, “ya tenía un año en discusión en términos que hasta la Corte les había ordenado a los legisladores (federales) que tenían que dictaminarla y en esa que se aprueba, es lo que dice José María Fraustro Siller (alcalde de Saltillo), que limita al 0.1 por ciento, aunque no estoy seguro sí ese es porcentaje de gasto que ninguna oficina de ningún orden de gobierno puede gastar”.
Expuso que esta legislación aplica no solamente para el gobierno municipal, sino que de la misma manera, el del estado y el municipio.
Córdoba fue claro al mencionar que ya se encuentra publicada la ley, es decir, ya está en vigor, y cuentan con el derecho de apelar por medio de un amparo.
“A los compañeros alcaldes de las capitales, los agarró dormidos la ley, porque hasta ahorita están pensando en hacer uso de su derecho de presentar posiblemente un recurso legal, creemos que va a mantenerse firme y esta Ley de Comunicación Social, mantendrá el gasto de las áreas”.
Expuso que en la parte de los regidores afiliados a Morena, estarán acorde a la nueva legislación que se dio desde el año pasado.
“Morena, sus regidores y sus presidentes municipales, están a favor de la Ley de Comunicación Social que aprobaron la mayoría de los diputados de Morena, que es una propuesta del compañero Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que el gasto que se realice en términos de Comunicación Social, tiene que ser acorde a nivel nacional, para que estos recursos no se usen para promoción personal de algunos o algunas personas, que aprovechan los recursos de comunicación, para favorecer sus aspiraciones políticas”.
cale