La violencia que hoy rodea a la actividad minera en México ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una preocupación estructural, así lo advirtió Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana en su visita a Gómez Palacio.
El líder minero se refirió al caso de los 10 trabajadores vinculados a la minería que fueron secuestrados y asesinados en Sinaloa, como un hecho que confirma el deterioro de las condiciones de seguridad no solo al interior de las minas, sino también en los caminos y zonas donde operan las empresas.
“Es una preocupación generalizada que tenemos en todo el país, porque se ha venido incrementando en los últimos meses o años”, declaró a MILENIO.
Trabajo de alto riesgo
Para Gómez Urrutia, el problema no se limita a los riesgos inherentes al trabajo minero, históricamente considerado uno de los más peligrosos, sino que ahora se suma una amenaza externa ligada al crimen organizado y a la falta de vigilancia efectiva.
“Esto pone en riesgo no solo la vida del trabajador, en una actividad ya de por sí bastante riesgosa, sino también ahora la seguridad externa”.
Enfatizó que la responsabilidad de proteger a los trabajadores no termina en el interior de los centros laborales: “Debemos asegurar que todos los trabajadores, así como salen de su casa sanos y salvos, regresen en las mismas condiciones”.
El dirigente minero hizo un llamado directo al gobierno federal y a las autoridades de todos los niveles para atender el problema de manera coordinada.
“Claro que hacemos un llamado al gobierno de la República, a todas las fuerzas de seguridad estatales, municipales y federales, a que colaboren más con las empresas, con los trabajadores y con el sindicato nacional, para que entre todos cuidemos y reforcemos estas medidas de protección y seguridad”.
El caso Sinaloa: alerta nacional
Gómez Urrutia detalló que los 10 trabajadores asesinados en el municipio de Concordia, Sinaloa, no eran mineros sindicalizados, sino geólogos e ingenieros jóvenes contratados por una empresa canadiense que aún no entraba en fase de producción.
“Estaban explorando, ya con la concesión, nuevas posibilidades de desarrollo, y este grupo de ingenieros, técnicos, fueron secuestrados, los tuvieron privados de la libertad y los asesinaron”.
Recordó que hasta el momento solo cinco cuerpos han sido localizados, mientras que el resto continúa desaparecido.
“Es algo dramático que tiene muy preocupadas a las empresas mineras del país, a la Cámara Minera, a la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero y a todos los sectores, porque no es la primera vez que sucede”.
El líder sindical consideró que este tipo de ataques se ha vuelto más frecuente y cada vez más violento.
“Quizás antes eran dos o tres casos aislados, hoy hablamos de grupos completos, y la preocupación es que esto va en aumento”.
Planteó un análisis, donde el crimen organizado podría estar diversificando sus actividades ante las restricciones impuestas al tráfico de drogas.
“A lo mejor, como se ha restringido mucho la circulación o la venta de drogas, estos grupos se están concentrando en robar, secuestrar o apoderarse de la producción minera para venderla”.
Impacto económico y cierres parciales
El dirigente reconoció que la inseguridad ha comenzado a impactar de manera indirecta en la operación de algunas unidades mineras.
Aclaró que no se han dado cierres totales exclusivamente por razones de violencia, admitió que esta situación ha contribuido a paros técnicos, cierres parciales y reducción de personal.
Mencionó el caso de minas ubicadas en la región de Guerrero, como Mezcala y Carrizalillo, donde, además de problemas de producción, se han registrado ataques del crimen organizado.
“Han reabierto bajo otras condiciones, pero la inseguridad sí está afectando cada vez más al sector”, advirtió.
Pasta de Conchos, herida abierta
Al abordar la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados para tipificar el homicidio industrial en la ley federal, Gómez Urrutia regresó al caso que, a su juicio, sintetiza décadas de negligencia empresarial y omisión gubernamental: Pasta de Conchos, tragedia ocurrida hace casi 20 años.
“Nosotros hemos experimentado muchas ocasiones este tipo de situaciones, y Pasta de Conchos es un ejemplo claro”.
A unos días de cumplirse el aniversario luctuoso (19 de febrero), el líder minero reiteró que la tragedia no fue un accidente inevitable, sino consecuencia directa de decisiones empresariales irresponsables.
“Sabemos que fue una irresponsabilidad total de la empresa Grupo México. Fue un homicidio industrial, una negligencia criminal, producto de la arrogancia y la cobardía de la empresa”.
Recordó que los trabajadores quedaron abandonados durante las labores de rescate.
“Al quinto día, sin saber si estaban con vida o sin ella, los dejaron abandonados. Por eso hablamos de homicidio industrial”.
Sobre los avances en la recuperación de los cuerpos, detalló que de los 65 mineros que murieron, 23 ya han sido rescatados y entregados a sus familias.
“Todos los cuerpos han sido encontrados completos, con sus botas, con sus uniformes, con su equipo de trabajo. Eso demuestra que no hubo una explosión en las zonas donde ellos estaban, sino derrumbes, probablemente por tratarse de un terreno suave propio de las minas de carbón”.
Una reforma para cambiar la historia
Gómez Urrutia aseveró que la iniciativa para incluir el homicidio industrial en la legislación federal ya fue presentada y confió en que marque un antes y un después en la relación entre empresas y trabajadores.
“Queremos que esto obligue a las empresas a cuidar la seguridad de sus trabajadores, a invertir en protección y en medidas reales de seguridad”.
Criticó que algunas compañías sigan viendo estas inversiones como un gasto innecesario.
“Les cuesta mucho trabajo invertir, porque piensan que toda la inversión debe ser para producir utilidades y ganancias. No es así. Deben proteger la vida de los trabajadores”.
Recordó que esta obligación no es nueva: “Está en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es una responsabilidad de las empresas asegurar que los trabajadores estén en las mejores condiciones posibles”.
Retos para la minería en México
Gómez Urrutia enfatizó que los retos de la minería no se limitan a un estado en particular, sino que son de alcance nacional. Reconoció que los precios de los metales preciosos como el oro, la plata y el cobre, se han incrementado, pero advirtió que este fenómeno está acompañado de una alta incertidumbre derivada de decisiones económicas y comerciales del gobierno de Estados Unidos.
“La actividad minera es cíclica, tiene alzas y bajas. El reto es que se siga explorando, que el Estado mexicano cuide y vigile la seguridad, que los gobiernos estatales y municipales hagan su parte”. También llamó a otorgar facilidades crediticias y tecnológicas para impulsar nuevos centros de producción.
Insistió en que el eje debe ser el respeto a la vida y a los derechos humanos.
“Que se tome en cuenta a los trabajadores, que se respeten todos sus derechos, que se respete a las comunidades donde operan las minas, que no contaminen, que no dañen el medio ambiente y que cumplan con las leyes mexicanas”.
Para el líder minero, sin seguridad, justicia y responsabilidad empresarial, la minería mexicana seguirá cargando con tragedias que pudieron y debieron evitarse.
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