Los tres nuevos impuestos “ecológicos” de los cuales se queja el sector empresarial no son nuevos, pero hasta el momento no son considerados como gravámenes, sino como sanciones administrativas que igualmente ameritan multas, pero hasta el momento no se aplican, pese a que el Código para la Biodiversidad estipula que quien contamina debe pagar.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Enrique Vargas del Villar, señaló que esto no es nuevo. “Ya estaban considerados, pero no se habían aplicado, ese es el tema. Si se ve que es mucho, pero no le pega tanto al ciudadano, sino a quien hace daño al medio ambiente”, indicó.
¿Qué dice la ley?
Actualmente el Código para la Biodiversidad dedica apartados especiales a la contaminación del agua, del suelo y el manejo de residuos, con reglas y sanciones a quienes violenten la norma con: apercibimiento, amonestación, multa, clausura temporal o definitiva, arresto administrativo, incautación; suspensión o revocación de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones, la reparación del daño y deterioro ambiental y el impedir la circulación de unidades y retiro de la placa delantera.
En artículo 2 mil 263 se contemplan multas por el equivalente de 100 a 3 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien, entre otras cosas, descargue o arroje residuos que afecten los ecosistemas acuáticos, emita contaminantes a la atmósfera.
Hasta 20 mil UMAS por descargas de aguas residuales sin cumplir las medidas de higiene, hacer disposición de residuos sin autorización, no cumplan con las medidas de tratamiento y reuso de aguas residuales; 60 mil Umas a quien incurra en ecocidio.
Los impuestos
Además de cobrar a quienes emiten contaminantes a la atmósfera y pasar la tarifa de 43 a 100 pesos por tonelada, el gobierno estatal propuso incluir en el Código para la Biodiversidad el Impuesto a la Disposición, Confinamiento y Almacenamiento de Residuos con el fin de cobrar a las empresas que venden el servicio de disposición, confinamiento o almacenamiento de residuos.
Asimismo, considera el Impuesto por Remediación Ambiental en la Extracción de materiales Pétreos a quienes explotan minas y generan socavones con el fin de sacar mármol, canteras, arenas, granito, grava, pizarras, arcillas, tepetate, tepojal, entre otros productos que venden las empresas constructoras.
El tercero es el de Emisión de Contaminantes al Agua por las empresas que arrojan o descargan sustancias contaminantes en el agua en el territorio estatal, como son fósforo, arsénico, cadmio, cianuro, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc, entre otros metales.
En análisis
La presidenta de la Legislatura, Azucena Cisneros, dijo que van a tomar en cuenta la petición del sector empresarial para que no haya nuevos impuestos. “Lo estamos analizando, vamos a ver lo que más conviene a todos los sectores. Nosotros estamos en la mejor disposición de fortalecer el presupuesto de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez”.
La presidenta de la comisión legislativa de Planeación y Gasto Público, Mónica Álvarez Nemer, apuntó que la propuesta obedece a las necesidades del estado que es recaudar más, por lo cual están revisando el tema, ya el gobierno se reunirá con el sector empresarial para exponer más detalladamente el tema.
RAR