Congreso de Oaxaca aprueba ley para prohibir que deudores alimenticios ocupen cargos públicos

La ley también restringe de ocupar cargos públicos a las personas sentenciadas por violencia y acoso sexual.

Instalaciones del Congreso de Oaxaca. (Tomada de @CongresoOaxaca_)
Óscar Rodríguez
Oaxaca /

El pleno del Congreso de Oaxaca aprobó, con 34 votos a favor, la ley 3 de 3 contra la violencia de género”, con la que se restringe a las personas sentenciadas por violencia, acoso sexual y a quienes estén en el padrón de deudores morosos de pensión alimentaria ocupar cargos en el servicio público del estado y en cargos de elección popular.

La iniciativa fue propuesta por el gobernador Salomón Jara y fue respaldada y fortalecida por las fracciones parlamentarias de Morena y del PRI en la legislatura local.

Antes de la discusión y aprobación de la ley, mujeres víctimas de violencia de género colocaron un tendedero de deudores alimentarios en los accesos del recinto parlamentario, donde denunciaron a empresarios, presidentes municipales y diversos prestadores de servicios de no cumplir con sus obligaciones y pago de pensiones alimentarias a sus hijos.

En tribuna, la diputada priiista Mariana Benitez calificó como un día histórico para Oaxaca que los diputados aprobaran de forma unanime una ley donde ya nunca más habrá un agresor de género en el poder.

Además, dijo se terminará con la impunidad y se hará justicia a las mujeres y niños que han sido abandonados por padres irresponsables.

Mariana Benitez afirmó que en Oaxaca el marco legal contra los violentadores de mujeres está fortalecido, porque tambien se restringe de ejercer cargos públicos aquellos hombres que han sido condenados por violencia familiar, de género y sexual.

Asimiso, lamentó que Oaxaca ocupe los primeros lugares en violencia familiar, tan solo en el 2022 se integraron más de 7 mil carpetas de investigación y más de 3 mil por violecia, acoso y hostigamiento sexual.

Por su parte, la diputada de Morena,Concepción Rueda, detalló que se trata de reformas a la Constitución de Oaxaca en las que se establece que las personas sentenciadas por violencia familiar y doméstica o cualquier agresión en el ámbito privado o público; quienes hayan sido sentenciados por delitos sexuales y quienes se encuentren registrados como persona deudora de pensión alimentaria no podrán ocupar cargos en el servicio público en Oaxaca o aspirar a un puesto de elección popular.

Expuso que estos nuevos requisitos serán vigentes para quienes aspiren a ser nombrados como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, en el Consejo de la Judicatura; como auditor o subauditores del Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca, como titular o comisionados de la Defensoría de los Derechos Humanos o en el Órgano de transparencia del estado.

Detalló que las nuevas disposiciones también incluyen a las personas que aspiren a ocupar un cargo en las Secretarías del gobierno estatal, en órganos auxiliares o en el servicio público dentro de los municipios de la entidad.

La legisladora señaló que con ello se busca moralizar el servicio público en Oaxaca. 

"Un deudor, violentador y acosador difícilmente será un buen servidor público", expresó.

En tanto el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, celebró la aprobación por parte de los legisladores del paquete de reformas a la Constitución Política Local y a diversas leyes estatales, para que las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no puedan acceder a cargos públicos.

Comentó que con la reforma propuesta se cumplió el compromiso signado con el pueblo oaxaqueño, para garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, respecto al derecho alimenticio como seguridad a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

El instrumento jurídico en su contenido establece como requisito para fungir como servidores públicos, no ser deudores alimentarios morosos, salvo que acrediten estar al corriente del pago, cancelen esa deuda o bien tramiten el descuento correspondiente.

Con ello, la administración pública estatal busca que las personas integrantes del servicio público cumplan con su responsabilidad y se garantiza que el derecho a los alimentos a niñas, niños, adolescentes y mujeres.

ledz

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