En Oaxaca, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por la usurpación de funciones cometidas por un grupo de siete magistrados en el Consejo de la Judicatura Estatal que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los cuales se niegan a dejar sus cargos, a pesar que ya venció su periodo de mandato.
Asimismo, un juez dictó una resolución definitiva para desaparecer el Consejo de la Judicatura Estatal, dando certeza a la determinación que resolvió en ese sentido el pleno de la Cámara de Diputados, el cual concluyó que el órgano jurisdiccional se constituye de forma irregular, violando los ordenamientos constitucionales.
Como organismo sustituto, los legisladores con mayoría de Morena acordaron crear la Junta de Administración Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, en lugar del Consejo de la Judicatura. Este acuerdo sólo revoca el cargo a los magistrados designados para los puestos de dirección, pero deja en sus puestos a la planta laboral de base administrativa y sindical.
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En consecuencia, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, Jaime Rodrigo García Bello, informó que ante la negativa de dejar sus puestos ya está integrada la carpeta de investigación FED/ OAX/0001351/2021 contra los magistrados Mireya Santos, Luis Enrique Cordero, Camerino Patricio, Dolores Sierra, René Hernández, Abel Alvarado y Tito Ramírez.
“Los implicados ya cuentan con un proceso penal y deben responder ante la justicia por su violación a la ley y a los ordenamiento legales”, informó el funcionario.
Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Administración de Justicia de la Cámara de Diputados, Eliza Zepeda, y la diputada local de Oaxaca, Magaly López, ambas del partido Morena, fueron señaladas de actuar indebidamente bajo conflicto de interés en la determinación de tratar de imponer a su secretarias y empleadas como magistradas y juezas en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
ECJ