En Oaxaca, colectivos y organizaciones feministas a bordo de la patrulla feminista protestaron en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en los juzgados familiares y civiles, donde denunciaron a jueces corruptos y colocaron el quinto tendedero de deudores alimentarios.
Las inconformes fueron la activista Diana Luz Vázquez, quien denunció que una de las razones por las cuales las mujeres han salido a las calles a exhibir a los acreedores alimentarios se debe a la corrupción y dilación de la justicia que hay en los juzgados, principalmente civiles “donde los jueces se venden junto con los abogados y retrasan los procesos de cobros de pensión alimenticia que pueden llegar a tardar hasta 20 años”.
También reprocharon que no haya pruebas de ADN gratuitas y cuestionaron que las mujeres que exigen las mismas son enviadas a laboratorios de cadáveres, donde los resultados tardan hasta 6 meses, tiempos que permite a los agresores huir y ser prófugos de la justicia.
En la manifestación, las mujeres, algunas vestidas de negro y cubiertas del rostro, hicieron sonar la alarma de su patrulla feminista, lo que provocó el cierre de las puertas de los juzgados civiles y la evacuación del edificio a través de una salida de emergencia.
En la calle, las manifestantes lanzaron consignas y realizaron pintas en la fachada del edificio ubicado en el barrio del Ex Marquezado en la zona del Centro Histórico, después avanzaron en marcha al Zócalo de Oaxaca.
Anteriormente en el lugar, un grupo de mujeres afectadas por la falta del pago de pensiones alimenticias denunciaron a varios de los acreedores entre los que se encuentra Elpidio Altamirano, miembro del Comité Directivo del PVEM, además de Carlos Rasgado Toledo, asesor en la mesa de atención de conflictos de la Secretaría General de Gobierno, y Casiano Luis Mejai, ex candidato a presidente municipal por el ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, quien también es catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y miembro de la sección 22 de la CNTE.
También fueron denunciados: locutores, taxistas, transportistas, líderes sindicales, de organizaciones sindicales, miembros de partidos políticos como el PRD, PAN y el PRI, empresarios y comerciantes, presidentes municipales, regidores, artesanos, animadores, cantantes, y hasta un youtuber.
Las víctimas se quejan de ser estigmatizadas y reprueban la llamada política patriarcal a favor de los acreedores, que abandonaron sus familiares y no cumplieron con el pago de manutenciones que exige la ley.
En Oaxaca se acaba de aprobar una reforma en el Código Civil para que el registro civil exhiba un buró de deudores alimentarios, para que pierdan derechos políticos y civiles.
MjI