En Oaxaca, omisiones del gobierno y crecimiento poblacional devastan reserva ecológica

Lo que en 1992 fue declarada como la zona de reserva ecológica más grande de la ciudad de Oaxaca ahora está al borde de la desaparición, ante el crecimiento desmedido de la mancha urbana, que ha devorado al menos 80 por ciento de aquella superficie.

Un decreto emitido hace 31 años por el gobierno estatal elevó a rango de área de preservación ―libre de cualquier obra de infraestructura― 2 mil 400 hectáreas de tierra situadas entre las agencias municipales de San Luis Beltrán, Donají, San Felipe del Agua, Guadalupe Victoria y Trinidad de Vigüera, una extensión que recorre de extremo a extremo el norte de la capital oaxaqueña.

Sin embargo, múltiples inconsistencias en la resolución gubernamental permitieron que autoridades agrarias vendieran predios a diestra y siniestra y que las autoridades municipales y estatales entregaran sin reparo licencias para construcción.

Hoy al menos 48 colonias populares de Oaxaca de Juárez yacen sobre lo que es un área natural protegida, sin contar que las zonas agrarias de las agencias municipales.

“Mire, el decreto, no tengo pruebas documentales, pero sí la herencia hablada de mis bisabuelos y abuelos, de que se implementó por la terquedad de un Gobernador, de abrir un supuesto Libramiento Norte que resolvería la cantidad de vehículos que atraviesan el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, pero al realizar esa idea nunca se tomó en consideración a los núcleos agrarios que iban a ser afectados; se inició la apertura sin permiso de los grupos agrarios”, cuenta Marcos Reyes, ejidatario de la agencia Guadalupe Victoria y quien actualmente encabeza un movimiento de pequeños propietarios que piden la derogación del Decreto de Reserva Ecológica.

“Cuando las máquinas comenzaron a abrir, ya de inmediato los ejidatarios fueron a parar el proceso, y ahí empieza un primer diálogo forzoso…

“Como aún así los ejidatarios y comuneros de San Felipe del Agua se negaron, se ordenó entre ellos el cierre de ese libramiento, por eso hasta el día de hoy está cerrado y no lo vamos a permitir, la apertura, hasta que se nos resuelva la situación de lo del Decreto (de 1992l y de la indemnización de las tierras afectadas porque, desgraciadamente, nunca se firmó un contrato, nunca se firmó un trámite ante ninguna autoridad municipal o estatal y jamás se recibió una indemnización alguna por cualquier tipo de afectación”, agrega el hombre.

El trazo de lo que iba a ser aquella carretera marca el inicio y final de la reserva ecológica.

En la zona de reserva existen obras hechas por las propias autoridades, como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, construido en 2014; también hay universidades particulares, hoteles, gimnasios, antenas de radiocomunicación y centros comerciales; todos, dotados de servicios básicos.

“Alrededor de la línea, desde su inicio, como no se elaboró un polígono como tal y no se llevó a cabo el trámite administrativo y jurídico pertinente, que se debió haber elaborado, nunca se aceptó el Decreto.

“Por esa razón, los habitantes empezaron a desenvolverse y ahorita existen colonias. Las más afectadas de aquí sería la Loma Linda. Muchos de sus habitantes no saben que están dentro de la línea; ellos mismos están solicitando que esas áreas se rescaten, cuando no saben que les van a quitar sus predios. Están las propiedades de El Crestón, Microondas, Río Blanco y, todavía, la parte alta de Santa Rosa”, explica Reyes, en entrevista.

Después de 30 años en que se desarrollaron media centena de colonias, la tensión comenzó a escalar a partir de 2020, cuando el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez intentó vender un terreno de 3 mil metros cuadrados ubicado en el cerro de El Crestón, en los alrededores del área reservada.

Al enterarse de ello, grupos de ambientalistas comenzaron a realizar movilizaciones y a denunciar que las autoridades capitalinas pretendían vender la zona natural.

En noviembre de 2021, el gobierno municipal se desistió, pero decidió fortalecer el decreto gubernamental de 1992 y emitir un dictamen a través del cual prohibió la expedición de licencias para construir, subdividir y vender.

La familia de Víctor Augusto López, vecino de la colonia Lomas del Crestón lleva 30 años pagando predial, pero, ahora, tras el decreto de 2021, las autoridades no les permiten realizar modificaciones a su terreno.

“Mi papá compró ese terreno en 1991. A raíz de eso, bueno, nos hemos percatado de que hay una, un problema con el Área Natural Protegida que fue decretado en 1992. Hasta el día de hoy, las autoridades ni siquiera nos dan información de, de qué porcentaje de mi predio está dentro del supuesto área natural protegida”, denuncia Víctor Augusto.

“Quisieron hacer la instalación de un macrotanque y me afectaron 184 metros cuadrados; bueno, posterior a eso, solicito yo un apeo y deslinde al municipio de Oaxaca y ¿cuál fue la sorpresa?, de que a pesar de que ellos te aceptan documentación, te aceptan los pagos y todo, el día en que tenían que hacer el apeo y deslinde pues, simplemente, no se presentaron; todo quedó en una llamada telefónica”, reclama.

El caso de Hilda Rodríguez es todavía más polémico, pues, en abril de 1992, una ciudadana le compró al gobierno del estado de Oaxaca un predio localizado en las partes altas de la colonia Lomas del Crestón.

Sin embargo, siete meses después de la compraventa, la autoridad estatal decretó el lugar Área de Reserva Ecológica.

“Pues que no se puede construir porque está en Reserva Ecológica, pero nosotros, puntualmente, pagamos predial año a año. Nosotros tenemos el pago de predial al corriente hasta este año de 2023”, dice la mujer, médica de profesión.

―¿Cuántos años llevan ustedes pagando predial y cuánto?―, consulta el reportero.

"Lo pagamos desde el año en que lo compramos y pagamos mil 600, 2 mil pesos, de predial anual", responde.

Luego, la mujer lee un extracto del expediente notarial en el que se establecen los antecedentes del inmueble: 

 “El 20 de abril de 1992, ante mí se realiza un contrato de compraventa; por una parte, el gobierno del estado, representado en este acto por el señor Gilberto Trinidad Gutiérrez, en su carácter de Procurador General de Justicia del Estado y, por otra parte, como compradora, la señora Paulinaria Miguel de Galicia…”.

Miguel de Galicia fue la persona que le vendió a Hilda y a su hermano el terreno.

“En el año de 2019, mi hermano sube, que es el copropietario también del terreno, sube a poner un letrero de que queríamos vender el terreno y nos encontramos con que está invadido nuestro terreno, que hicieron una olla justamente a mitad de nuestro terreno”.

―¿Quién hizo esa olla?―.

"El Ciesas...".

Tras ser diagnosticada con posible cáncer, Sandra Jiménez quiso vender una parte del terreno que le heredó su esposo, pero no le permitieron llevar a cabo el procedimiento.

“Yo quise subdividir para poder tomar una fracción y pagar mis deudas. Hoy en día estoy endeudada, he empeñado todo, yo ya no sé qué hacer a estas alturas; no tengo trabajo fijo… vivo el día.

“A raíz de que se presentaron mis problemas de salud, yo fui al municipio de Oaxaca de Juárez a Desarrollo Urbano, en especial, a pedir una subdivisión. Yo les pedía que necesitaba urgentemente, pues mi vida corría peligro, y ellos me dijeron que no, que no se podía subdividir, que si no sabía yo que estaba en área natural protegida y burlonamente me decían, pues que yo hiciera una mansión o a ver qué cosa, pero que no me permitían en ese momento ni subdividir”, cuenta Jiménez.

La organización civil Colmillo Blanco, que encabeza Carlos Alberto Morales, fue una de las que se movilizó con mayor ahínco en 2020, tras el intento del municipio de vender aquel terreno de 3 mil metros.

Hoy el activista reconoce que la zona de reserva está prácticamente desaparecida.

“Es una irresponsabilidad de parte del gobierno. Creo que nunca le ha dado prioridad al medio ambiente ni ha sido responsable para que los recursos naturales se conserven.

“Pues ya no hay mucho qué hacer por estas áreas naturales que ya están invadidas, pero la parte que todavía queda, creo que todavía es rescatable, pero necesitamos que se haga el reconocimiento completo para que las personas que viven dentro de estas áreas, pues tengan cierta regulación”, exige Morales.

“Ahorita hay la tecnología para poder hacer este trazo sin molestar a nadie y que se pueda mostrar esta área natural como realmente fue decretada porque, cuando se hizo, no había construcciones y los que lo han hecho se han aprovechado de esta irresponsabilidad de las autoridades por cumplir la protección de estas áreas naturales”, reitera.

En ese contexto, el regidor de Desarrollo Urbano de Oaxaca de Juárez, Pável Renato López Gómez, presentó una iniciativa ante el Cabildo de la ciudad para derogar el Decreto aprobado en 2021 y que los propietarios puedan volver a disponer de sus predios y viviendas para construir o vender.

El nuevo dictamen estuvo a punto de ser votado el pasado 16 de noviembre; sin embargo, el acto se suspendió a petición de la secretaria de Ecología de Oaxaca, Karime Unda Harp.

“Más bien fue una llamada de la Secretaria del Medio Ambiente. Creo que tampoco, no entiende mucho del tema, un tema social… porque yo entiendo que, que no está peleado el tema social con el tema ambiental, pero lo íbamos a aprobar y en una llamada pidió que se pospusiera.

“Estamos tratando de trabajar en una mesa para un convenio de colaboración, donde se pueda tener un adendum; se puede revisar el decreto. A la fecha, pasaron más de 20 años; entonces, no está adecuado a la realidad de la ciudad”, sostiene el regidor, consultado al respecto.

“Administraciones anteriores, pues nunca ha habido una planeación urbana, nunca ha habido un Instituto de Planeación, por ejemplo; entonces, la ciudad ha crecido de manera desproporcionada en los servicios.

“Nada más te voy a poner un ejemplo, una parte de, donde se dice que está la reserva, hay 48 colonias ya asentadas en Oaxaca y reconocidas; ¿cómo le vamos a hacer con ellas, si el Decreto tiene un adendum?, ¿las vamos a sacar?, ¿los vamos a dejar sin servicios? Hasta ahorita no podemos darle servicios porque, pues no nos permite este punto de acuerdo que subieron la administración anterior”, argumenta.

“Más bien estamos hablando de… como no está bien delimitado y tiene que ver con el Libramiento Norte, y el Libramiento Norte, en el Decreto es muy claro, no entrará en vigor hasta que no se termine el Libramiento Norte y el Libramiento Norte nunca se terminó”, sentencia el concejal.

Sin embargo, para el activista Carlos Alberto Morales, “es una responsabilidad de la autoridad municipal darle al gobierno del estado el cargo de esta solución; no le corresponde al municipio. Y eso es lo que debieron haber hecho todas las administraciones anteriores: no otorgar licencias que no les correspondían a ellos hasta que la autoridad estatal cumpliera con este decreto”.

La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, que encabeza Geovany Vásquez Sagrero, admite que existieron múltiples inconsistencias al momento de expedir y ejecutar el decreto de 1992.

Sin embargo, Vásquez Sagrero resalta que la oficina que encabeza está en vías de establecer de manera oficial cuál es la superficie real que abarca la zona de reserva para definir qué porcentaje ha sido exterminado y cuál será la medida correspondiente.

“Es muy importante que se delimite el polígono porque el Decreto que se emite no trae una certeza en cuanto al espacio territorial donde se encuentra esa zona de reserva; entonces, es fundamental que podamos nosotros, primero, saber de, físicamente, territorialmente, en dónde está esa zona de reserva para luego empezar a tomar determinaciones”, comenta Vásquez.

“Más que irregularidades, fíjate que hay algunos transitorios que no fueron cumplidos en su tiempo; bueno, no pusieron temporalidad sino ahí están, y luego en el tema de la falta de certeza, me imagino también por los tiempos.

“Ahorita estamos buscando que en el polígono se establezcan coordenadas geodésicas; ahí, mis amigos de la Comisión de Límites me indican que debe haber un cuadro de construcción, le llaman, donde debe haber coordenadas con la latitud, longitud, para que se vea físicamente dónde corresponden esos espacios, y a partir de ahí ver hasta dónde la marcha urbana ya está”.

Al problema se agrega otro factor: la existencia de grupos de especuladores que han hecho presencia en la zona y han acaparado tierras, con el fin de desarrollar fraccionamientos y zona residenciales.

“Eso te lo confirmo: hay personas, hay gente que ahí vive y necesita el espacio para vivir: su lote de 10 por 20, de 20 por 20, pero hay personas que han comprado hectáreas y quieren especular con ese espacio que es una zona de reserva y es ahí donde creo que no es compatible esa visión”, acusa el Consejero Jurídico.

“Hemos tenido conocimiento por los mismos vecinos y en recorridos que nos ha reportado la Secretaría del Medio Ambiente, que hay ahí intentos de edificaciones ya como desarrollos inmobiliarios”, afirma.

El funcionario descarta, sin embargo, que la autoridad considere desalojar las zonas ya urbanizadas, pues el objetivo será hallar planteamientos que favorezcan a los pequeños propietarios pero no a los especuladores.

Hasta el momento, aún no hay una fecha determinada para que la autoridad pueda emitir una resolución sobre el futuro de la reserva afectada.

EHR