Enrique Félix Robelo, presidente en México de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), aseguró que el 30 por ciento del combustible que se consume en el país es de origen ilícito.
Señaló que este mercado irregular afecta con precios bajos que distorsionan la competencia, perjudican a los empresarios gasolineros y provocan un quebranto de miles de millones de pesos para la hacienda pública. Además, advirtió que la gasolina de procedencia ilícita puede contener mezclas irregulares que no cumplen con la norma y representan un riesgo para los consumidores.
Huachicol fiscal en zonas fronterizas
“Es un tema muy complicado el tema del huachicol fiscal, primeramente, reconocer nosotros como Onexpo Nacional el trabajo que las autoridades están haciendo en combatir este tipo de combustible ilegal que entra al país. Nosotros en las mesas de negociaciones en las que hemos estado, ahora que tuvimos el acuerdo para estabilizar el precio de la gasolina regular, uno de los puntos que mencionábamos era el combate al huachicol, porque tenemos el dato de que el 30 por ciento del combustible que se consume en nuestro país viene de procedencia ilícita”, expresó Félix Robelo.
Indicó que no se tiene un registro preciso sobre la cantidad de empresarios que se ven obligados a vender este tipo de combustible, aunque reconoció que en algunas zonas del país la práctica se ha presentado, siendo responsabilidad de las autoridades actuar contra ello.
Explicó que el fenómeno conocido como huachicol fiscal se concentra principalmente en los estados fronterizos y en puertos por donde ingresan hidrocarburos. En contraste, señaló que en Durango este tipo de situaciones es poco común.
Estabilidad en ventas en Durango
Por su parte, Fernando Arrieta, presidente en Durango de la Onexpo, destacó que las ventas en el estado se mantienen estables y que no se tiene registro de un impacto derivado del huachicol fiscal.
Subrayó que en la entidad se cumplen los acuerdos con el Gobierno Federal en cuanto a los precios establecidos, lo que ha permitido mantener los estándares en beneficio de los consumidores y sin afectaciones visibles por el ingreso de combustible ilícito.
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