La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, denunció que el gobierno municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, pretende imponer multas y prisión a quien no use cubrebocas cuando ni siquiera ha sido publicado el decreto correspondiente.
El arresto sería de hasta 36 horas o el pago de dos UMA (Unidad de Medida y Actualización) de alrededor de 174 pesos.
Fue el pasado 19 de julio cuando el cabildo dispuso esto con el argumento de “mitigar los impactos de la pandemia que azota al municipio”.
Para la Red, esto “resulta preocupante por ser medidas drásticas y violatorias en materia de derechos humanos”. Sin embargo, el cabildo alega están respaldadas en fundamentos jurídicos.
Dicha resolución no fue mostrada a la ciudadanía “de forma escrita, pública y transparente” tal como lo establece los artículos 136 de la Ley Orgánica Municipal y el sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La ONG denunció que no se tomó en cuenta a la población vulnerable y madres de familia “que muchas veces prefieren comprar el cubrebocas para sus hijos y no para ellas”.
Pero además la población mazateca y chinanteca, quienes bajan de las partes altas del municipio a vender su productos o de compras no están enteradas “por lo que pudieran no entender las medidas que ni siquiera han sido claras”.
A su vez, la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi A.C., señaló que “al no emitir un documento oficial ante la ciudadanía tiene como consecuencia que las medidas carezcan de validez y que cualquier multa o detención que se llegue a realizar sea condenatoria en materia de derechos humanos”.
Pese a las críticas, el pasado 23 de Julio el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, afirmó que a partir del lunes 27 iniciaron dichas sanciones administrativas.
“Las medidas tomadas por el cabildo son a todas luces un abuso de autoridad porque no son la institución correspondiente ni competente de acuerdo al artículo 134 de la Ley Orgánica y al artículo 29 constitucional ya que la restricción de garantías estrictamente competen al Presidente de la República”, concluyeron.
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