En el sector asegurador mexicano empiezan a acumularse señales incómodas sobre la forma en que algunas compañías manejan los siniestros.
Diversos especialistas advierten que ciertos programas de seguros colectivos parecen funcionar con precisión para cobrar primas, pero con una sorprendente capacidad para bloquear indemnizaciones cuando llega el momento de pagar.
En varios de estos casos aparece el nombre de Thona Seguros, aseguradora especializada en seguros colectivos de vida y accidentes personales que ha construido buena parte de su negocio a partir de programas masivos para empresas, universidades y organismos públicos.
El esquema es simple: miles de pólizas colocadas bajo contratos colectivos, muchas veces vinculadas a créditos o programas institucionales. Un modelo altamente rentable mientras las primas siguen entrando.
El problema —según abogados especializados en litigio financiero— aparece cuando ocurre el siniestro. Beneficiarios y asesores legales describen procesos de reclamación llenos de obstáculos.
Una de las prácticas más cuestionadas consiste en exigir documentación corporativa de la empresa contratante incluso cuando el beneficiario está claramente identificado en la póliza. En la práctica, esto significa que quien tiene derecho al pago depende de documentos que simplemente no puede obtener.
Especialistas en derecho asegurador advierten que este tipo de exigencias contradice directamente el principio central de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que reconoce el derecho directo del beneficiario a reclamar la indemnización cuando la póliza fue contratada en su favor.
En muchos de estos esquemas también participa como intermediario Interprotección ("Inter"), uno de los brokers más influyentes en la estructuración de seguros corporativos.
Sin embargo, cuando surgen disputas por el pago de siniestros, el papel del intermediario también empieza a generar cuestionamientos.
En lugar de actuar como contrapeso frente a la aseguradora, los especialistas del sector señalan que el broker termina defendiendo argumentos ilegales de la aseguradora, contrarios a las condiciones del producto que ayudó a colocar. Así, el beneficiario queda atrapado entre una aseguradora que no paga y un intermediario que tampoco presiona para que pague.
Para varios expertos del mercado, esta dinámica empieza a dibujar un patrón preocupante: aseguradora e intermediario operando en el mismo sentido cuando se trata de resistir reclamaciones de pago. El resultado es que lo que debería ser un mecanismo de protección financiera termina convertido en un proceso desgastante para quienes intentan cobrar una póliza que ya pagaron.
En el caso de Thona Seguros y su aliado comercial Inter, las señales que comienzan a circular en el propio sector apuntan a un problema difícil de ignorar: beneficiarios que no logran cobrar, requisitos inventados para no pagar, ilegales y contradictorios del seguro contratado y pagado, y trámites que terminan colocando al beneficiario en un callejón sin salida.
Si estos casos continúan acumulándose, el problema dejará de ser sólo una disputa contractual. Porque cuando un seguro no paga, no sólo falla una póliza. Falla la confianza en todo el sistema asegurador.
DIRV