Integrantes de “Soy Papá No Criminal” marcharon para exigir que se respete el derecho de los padres a convivir con sus hijos, pero también dejaron clara una postura: no permitirán que deudores alimentarios se incorporen o utilicen el movimiento para justificar el incumplimiento de sus obligaciones.
La movilización se registró del Museo La Avispa hacia las instalaciones del Poder Judicial en Chilpancingo.
Integrantes cuentan con constancia de "no deudor alimentario"
Renato Cárdenas, representante estatal del movimiento en Guerrero, afirmó que quienes forman parte de la organización deben demostrar que cumplen con sus responsabilidades como padres, entre ellas el pago de pensión alimenticia conforme a sus posibilidades económicas y a las determinaciones judiciales.
“Para poder pertenecer a este movimiento tenemos que cumplir con todas nuestras responsabilidades”, sostuvo.
Explicó que los integrantes cuentan con su constancia de no deudor alimentario, documento que, dijo, permite establecer un filtro para evitar que personas que incumplen con sus obligaciones utilicen la movilización como una plataforma de defensa.
Cárdenas señaló que el movimiento tampoco tolera ningún tipo de violencia y que, si se confirma que alguno de sus integrantes es deudor alimentario, deberá quedar fuera de la organización.
“Siempre, para tú poder exigir, también tienes que tener una responsabilidad y poner el ejemplo”, señaló.
La declaración ocurre luego de que se cuestionara la participación en movilizaciones anteriores de personas señaladas como deudoras alimentarias en las marchas qué han realizado a nivel nacional. Ante ello, el representante estatal dijo que investigarán cada caso y, si se comprueba el incumplimiento, no permitirán que esas personas continúen dentro del movimiento.
Exigen que prevalezca el interés superior de niñas y niños
Los manifestantes aseguraron que su principal demanda no es únicamente recuperar la convivencia con sus hijos, sino que las decisiones de los juzgados familiares se tomen bajo el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Acusaron que algunos padres llevan largos periodos con convivencias supervisadas, pese a que existen reportes favorables de los centros encargados de evaluar esos encuentros.
Cárdenas afirmó que incluso existen casos en los que los reportes de los centros de convivencia familiar señalan que las relaciones entre padres e hijos han sido positivas y progresivas, pero esos documentos, acusó, terminan archivados sin que se traduzcan en nuevas determinaciones judiciales.
“Queremos una convivencia sana, una convivencia normal, una convivencia real”, expresó.
HCM