Este lunes terminó el paro laboral de los trabajadores del Poder Judicial en el sur de Tamaulipas, que explicaron la inconformidad tendrá un seguimiento legal, para ello se van a presentar amparos.
El oficial judicial Eduardo Segura Gómez, explicó que los poco más de 100 trabajadores de los Juzgados Noveno y Décimo este lunes regresaron a sus actividades de trabajo, tras dos semanas de haber parado como protesta por el retiro de 13 de los 14 fideicomisos asignados al poder judicial.
Indicó que el movimiento seguirá, en primera instancia por la vía legal, pues hay varios juicios de amparo que se interpusieron, así como la opción de promover la acción de inconstitucionalidad.
“No, no existió un arreglo, se tomarán las acciones legales, como juicios de amparo y esperar que la oposición promueva la acción de inconstitucionalidad”.
El oficial judicial indicó que se tomó la decisión de regresar con las labores este lunes 30 de octubre, sin embargo ellos van a seguir protestando por una decisión que no les parece justa y descartó que por el momento vaya a volver a parar labores.
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“Nosotros seguiremos con nuestras protestas a través de diversos canales de difusión, pero ahora ya no estaremos en paro de labores”.
Los poco más de 100 trabajadores que laboran en los juzgados del Poder Judicial de la Federación en la zona sur levantaron el bloqueo que tenían sobre la avenida Hidalgo el martes de la semana pasada, sin embargo se tomó la decisión de extender el paro laboral hasta el viernes y retomar labores este lunes.
Mientras tanto el sindicato indicó que los trabajadores estarán pendientes de la discusión del Presupuesto de Egresos para 2024, donde se podría aplicar un recorte al gasto del poder judicial.
El paro de labores comenzó el pasado 19 de octubre y estaba contemplado a concluir el martes 24 de este mes. Sin embargo, en esta última fecha, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la extinción de 13 de 14 de los fideicomisos del PJF.
Los trabajadores, incluyendo jueces, acusan al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus legisladores afines de afectar sus derechos laborales con el recorte de 15 mil millones de fondos, que ahora se irán de forma directa a la Tesorería de la Federación.
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