A 15 años de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, familias exigieron a través de un comunicado hecho público materializar el rescate; al cumplirse este 19 de febrero un año más del accidente en el que 65 mineros perdieron la vida luego de un derrumbe en la mina 8 del Grupo México.
“En vísperas de cumplirse 15 años desde la explosión en la mina Pasta de Conchos, las y los deudos de los mineros atrapados en el siniestro exigimos con la firmeza de siempre al Gobierno federal que cumpla con su compromiso de iniciar los trabajos de rescate”, mencionan en el comunicado.
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Subrayan que para las familias ha resultado sumamente desgastante seguir esperando a que se inicien los trabajos en campo, pues son más de 10 años de iniciado el litigio interamericano derivado de la falta de respuestas y negligencia a nivel nacional, 19 meses desde que se instaló el Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos y 17 meses desde que el grupo de expertos confirmó que el rescate era teórica y técnicamente viable.
“Esperamos que se avance en acciones concretas para que el rescate inice el próximo 1 de septiembre, en cumplimiento al acuerdo del Presidente con las familias del 23 de octubre pasado”, destacaron.
Recordaron que es esta acción la que en todo momento ha sido prioridad de las familias, incluso frente a otras medidas de reparación, “postura que hemos manifestado claramente en el proceso de litigio que la mayoría de familias acompañadas por el Centro Prodh y la Organización Familia Pasta de Conchos llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso fue admitido por la CIDH en 2018 y seguirá su curso en tanto la voluntad expresada por el Gobierno federal de llegar a una solución amistosa no se materialice en el inicio del rescate y en un trato respetuoso a las familias”.
Recordaron que se excluyó de “importantes reuniones” a quienes son víctimas de la tragedia, lo que ha causado preocupación entre las familias, considerando que tanto la legislación nacional como la internacional no limitan el ser víctimas únicamente a las cónyuges, como lo hicieron algunas autoridades, “de manera injustificada y generando desconfianza entre las y los deudos”.
Las familias de los obreros puntualizaron que no han renunciado a la realización de una investigación con debida diligencia para asignar las responsabilidades asociadas a que ocurriera la tragedia, pues bajo un esquema de adecuada supervisión, afirman, pudo haberse evitado.
Señalaron como necesario también adoptar medidas de previsión social y seguridad en el trabajo que afiance que no se repitan accidentes similares en una de las fuentes de trabajo más peligrosas que existen, como lo es la minería de carbón, lo que resulta particularmente relevante dado que la Comisión Federal de Electricidad (empresa paraestatal que participa del rescate de los mineros) continúa comprando carbón a minas “sin cumplir con la legalidad y seguridad en la región”.
“Insistimos: cualquier medida de reparación es insuficiente si no se acompaña del inicio de las obras para el rescate de los mineros, por ello, tal y como ha sucedido en estos quince años, seguiremos realizando las acciones que consideremos necesarias para exigir ¡Rescate ya!”.
EGO