Las muertes en las minas de la Región Carbonífera de Coahuila continúan. Desde lo ocurrido en Pasta de Conchos en 2006, diversos siniestros le cobraron la vida a 145 trabajadores del carbón en distintos municipios como Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz.
La organización Familia Pasta de Conchos documentó esas defunciones con base en reportes hemerográficos y los registros civiles de las comunidades que comprenden esa zona coahuilense.
Las cifras contrastan con el registro estatal que existe y que la Secretaría de Gobierno de Coahuila, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, otorgó a MILENIO vía una solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y que da cuenta de apenas 83 muertes que fueron por derrumbes o explosiones.
Según familiares de mineros fallecidos, el problema de estas discrepancias se origina en que las autoridades contabilizan en la mayoría de los casos los decesos grupales y no los individuales.
“Las muertes siguen y tuvimos las de Micarán y El Pinabete. Hay otros que no están contabilizados en grupo y que no se toman en cuenta, te puedo decir que a 20 años no ha cambiado nada”, dijo Elvira Martínez Espinosa, viuda de Jorge Vladimir Muñoz Delgado.
La también integrante de la organización Familia Pasta de Conchos señaló que no existen garantías de no repetición de lo ocurrido hace dos décadas y que prueba de esto es que hay minas inseguras en operación.
“El argumento de la Secretaría del Trabajo es que sí se ha mejorado y que se han hecho inspecciones, pero no sirve una inspección si vienes, revisas, clausuras o paras el centro de trabajo porque le determinas medidas, pero quién revisa si entran o no a trabajar. No es una medida que garantice la no repetición”.
La falta de personal para dar seguimiento a las minas es un hecho porque la dependencia encargada de esto apenas tiene 11 inspectores. A través de la solicitud de información con folio 330027124001481, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social confirmó este dato y que hubo 914 inspecciones realizadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como presidente, además de 53 suspensiones de actividades ordenadas.
La dependencia establece que en ese mismo periodo fueron impuestas 104 sanciones por un monto total de 67 millones 887 mil 379.75 pesos, siendo los principales motivos “graves incumplimientos evidentes y significativos del deber de protección de los trabajadores frente a los peligros o riesgos inminentes derivados del trabajo”.
Además de eso, fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) 15 denuncias por incumplimiento a la restricción de acceso a la explotación minera, es decir, porque los centros de trabajo incumplieron las suspensiones y no propiamente por la muerte de trabajadores mineros.
“Tristemente no se valora la vida de los mineros. Así haya pasado Pasta de Conchos o El Pinabete, no se valora y no se castiga porque nadie es responsable”, afirmó Elvira Martínez sobre la falta de investigaciones reales sobre la muerte de los trabajadores del carbón.
Dijo que en el caso de las investigaciones que se sabe abrió la FGR es por extracción ilícita del carbón y por el lado de Pasta de Conchos la institución se limita a la identificación de los restos, pero no informa sobre líneas que siguen para sancionar a los responsables del siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006.
“Yo ya no busco una responsabilidad penal, le apostaron muy bien al tiempo que se ha encargado de borrar evidencia y que los delitos prescriban. Lo mínimo para las familias es saber qué pasó con ellos, qué sucedió y cómo sucedió”.
La Secretaría de Economía Federal, por su parte, establece en la respuesta a la solicitud de información con folio 340025900002126 que hay 693 concesiones mineras vigentes con corte al año pasado en los municipios de San Juan de Sabinas, Sabinas, Múzquiz, Progreso y Juárez. Entre 2018 y 2025, la dependencia puntualiza que fueron canceladas 156.
No olvidar a sus mineros
Omar Navarro Ballesteros forma parte de la organización Familia Pasta de Conchos y contribuye con la documentación de las muertes de los mineros en la Región Carbonífera y la realización de actividades para honrar su memoria.
A través de revisiones hemerográficas y la visita a los registros civiles de las comunidades en los municipios de esta zona de Coahuila es como han podido determinar las cerca de 150 muertes de trabajadores del carbón desde el siniestro minero de Pasta de Conchos en 2006.
“No es del interés documentar desde la memoria para cualquier administración, los accidentes no son nuevos y vienen desde hace más de 200 años por lo que hablamos de un problema sistémico”, afirmó con relación a que no existe un registro oficial confiable.
Indicó que lo primero que salta a la vista al revisar las características de los siniestros mineros es que ocurren en pozos de carbón, es decir, las minas de tiro vertical que son las más peligrosas e inseguras y que le venden carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Los mineros continúan olvidados y en general los trabajadores del carbón porque no nada más son mineros, sino también mecánicos o quienes se dedican a otras labores”.
Navarro Ballesteros destacó la labor que las mujeres realizan para la visibilización de lo ocurrido en las minas de Coahuila y cómo lograron también instituir actos de memoria como el viacrucis minero en Semana Santa en las cruces colocadas en la curva de la carretera que va a Pasta de Conchos.
El viacrucis minero, detalló, consta de dar mantenimiento a estas cruces pintadas de blanco y que tienen los nombres de los mineros fallecidos -algunos desde la década de los cincuenta-, además de una ceremonia religiosa que en ediciones pasadas ha sido encabezada por el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López.
Plan de reparación incompleto
Durante su sexenio presidencial, Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan Integral de Reparación y Justicia en Pasta de Conchos como una medida a lo ocurrido en 2006 con el siniestro en la mina de Nueva Rosita en San Juan de Sabinas, Coahuila.
El listado contempla diversas acciones que generaron opiniones encontradas entre los habitantes de la Región Carbonífera, entre ellas el rescate de los 63 cuerpos atrapados y cuyas labores hasta hoy corren a cargo de la Comisión Federal de Electricidad con un saldo de 23 cuerpos entregados a las familias, dos en proceso de identificación y 38 más por sacar.
Elvira Martínez Espinosa, integrante de Familia Pasta de Conchos, cuestionó que las condiciones con las que se realiza el rescate, pues si bien la CFE no ejecuta las acciones directamente, sino con empresas subcontratadas, la mano de obra usada para estas labores está en riesgo y pertenece a los mismos municipios aledaños.
“Es un riesgo mucho más grande que entrar a una mina común. ¿Por qué? Porque es una mina siniestrada y abandonada a casi 20 años”.
Otras acciones que forman parte del Plan de Justicia y Reparación fue la construcción de un memorial cuyo costo fue cercano a los 22 millones y con el que algunas familias no estuvieron de acuerdo, además de acciones de mejoramiento urbano como la construcción de polideportivos.
“Aquí atrás de mi casa hay un polideportivo, no digo que esté mal pero había otras necesidades que pudieron haber atendido y no nos preguntaron… No tenemos un hospital de especialidades, ni un neumólogo”, expuso Elvira Martínez.
cale