Insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como presencia de actividades ilícitas y de “cobros”, o extorsión y sobornos, son las principales problemáticas de gobernabilidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), detectó en el Centro de Reinserción Social Estatal No. 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde está recluido Ernesto Alfredo Piñón, El Neto, líder de la banda Fuerzas Especiales Mexicles, quien ordenó actos violentos en Ciudad Juárez para evitar ser trasladado a una prisión federal.
De acuerdo con el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2021, el penal estatal de esta ciudad, no garantiza la integridad de las personas privadas de la libertad que están recluidas pues además de tener sobrepoblación, tiene una capacidad para albergar a 3 mil 125 hombres y cuenta con una población de 3 mil 500, viven en condiciones de hacinamiento y son insuficientes los programas para prevenir incidentes violentos o para la presentación de quejas por probables violaciones a los derechos humanos.
En la edición de 2020 del DNSP, este penal fue ubicado por la CNDH como una de las 15 cárceles con mayores problemas de autogobierno, sin embargo, en la edición de 2021 modificó su tendencia, ya que no aparece en el rubro de centros penitenciarios estatales donde las Personas Privadas de la Libertad realizan actividades propias de la autoridad.
MILENIO consultó al respecto el organismo nacional de derechos humanos, quien detalló que las condiciones de gobernabilidad de un centro son fluctuantes y pueden variar de un momento a otro dependiendo de factores externos, incluso no predecibles.
Dentro de la metodología que utiliza la CNDH para evaluar ese factor lo constituye la observación directa que se realiza al momento de las supervisiones penitenciarias y con el trabajo en campo que realiza el personal in situ asignado y que no atiende a una fórmula específica sino al resultado de un análisis multidisciplinario e integral a partir de un enfoque de derechos humanos conforme a las diversas condiciones en las que fue hallado cada centro penitenciario del país.
Foto: Jesús Quintanar
Para realizar la clasificación respecto de si, un centro penitenciario presenta “autogobierno” o “cogobierno”, la Comisión Nacional detalló que no se encuentra limitada a cumplir específicamente una serie de requisitos, sino a la valoración objetiva a la luz del marco de protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad nacional e internacional, y cómo estos se complementan entre sí para garantizar la seguridad e integridad de las personas privadas de la libertad y del personal que labora en el centro penitenciario.
También se consideran los diversos contextos en los que se localiza cada centro, y la interseccionalidad de las necesidades específicas de los diversos grupos de atención prioritaria que convergen en un centro penitenciario, las cuales "deben ser debidamente observadas en el marco del acceso efectivo a una calidad de vida en prisión".
En 2021, las observaciones reportadas por la Comisión Nacional también incluyen deficiente separación entre procesados y sentenciados, inadecuada clasificación de los mismos e insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación, carencias en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, así como malas condiciones materiales e higiene de instalaciones.
Foto: Reuters
En comparación de la calificación con el año anterior (6.17), el Centro de Reinserción Social de Ciudad Juárez obtuvo una calificación mayor (6.79). Además, la Comisión Nacional identificó una apropiada atención en los siguientes temas: supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, capacitación del personal penitenciario y normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización).
A nivel estatal la CNDH calificó a los centros penitenciarios de Chihuahua con 7.77, de acuerdo con el DNSP 2021 la tendencia estatal por: aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de su libertad, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad y reinserción social, es mayor en comparación con el año anterior, pues en promedio la calificación en estos rubros se encuentra en una escala del 8 al 10.
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