Cuatro penales de Tamaulipas aprobaron de panzazo con un promedio de 6.55 la evaluación del Sistema Penitenciario Estatal, mientras que el centro de reclusión de Reynosa resultó con calificación negativa.
De acuerdo al Diagnóstico Nacional Penitenciario 2024, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la calificación estatal de los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Tamaulipas en 2024 es de 6.55, superior al 6.03 del año pasado.
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En las dos pasadas administraciones estatales, los resultados de las evaluaciones fueron reprobatorias.
Con el priista Egidio Torre Cantú, en 2011 obtuvo una calificación de 5.88; en 2012 alcanzó apenas 5.67; 2013 fue de 5.37; 2014 recibió 5.14; 2015, 5.29 y en 2016, su último año de gobierno fue de 4.95.
Con el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca la situación no mejoró en los centros penitenciarios, ya que en 2017 bajó aún más con 4.71; en 2018 subió a 4.92; en 2019 bajó a 5.42; en 2020 disminuyó a 5.24; en 2021 alcanzó el 5.73 y en 2022 obtuvo 4.26.
Evaluación Américo Villarreal
En la más reciente evaluación, la cárcel de Matamoros obtuvo 6; el penal de Reynosa fue reprobado con 5.96; el reclusorio de Nuevo Laredo obtuvo 6.60; mientras que el presidio de Ciudad Victoria logró 6.55, y por segundo año consecutivo volvió a ser el centro de internamiento de Altamira el mejor evaluado con una calificación de más 7.62.
Cabe mencionar que en el ranking nacional del 2023, la calificación estatal fue de 6.03, mientras que por penal, el de Matamoros y Reynosa reprobaron y el de Nuevo Laredo; Ciudad Victoria y Altamira aprobaron.
Puntos de evaluación
En el recorrido realizado por los cinco centros de reclusión tamaulipecos, se detectó, desde la falta de custodios, insuficiencia de vías para las quejas, deficiencias en la implementación de sanciones, atención para adultos mayores, separación entre procesados y sentenciados, insuficiencias en los programas de prevención de adicciones y desintoxicación, entre otras, como deficiencia en imposición de sanciones y sólo en el de Victoria ejercicio de funciones de autoridad de algunas personas privadas de su libertad.
En contraste destaca que se observó inexistencia de cobros, extorsiones y soborno, además de una apropiada atención a las personas en condiciones de aislamiento, integración del expediente técnico jurídico, atención a personas indígenas, lgbttti y personas que viven con VIH sida.
SJHN