A un mes de la masacre en San Mateo del Mar, en Oaxaca, hay 60 familias desplazadas que no pueden regresar a sus comunidades de origen por la falta de justicia e impunidad que existe a favor de los responsables de la matanza de 15 campesinos.
Los inconformes exigieron la intervención del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se presione al gobierno federal y se realice una investigación a fondo de la violencia reportada en esa zona del Istmo de Tehuantepec, que fue consecuencia de la disputa política de intereses en control del territorio.
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En rueda de prensa, cuatro sobrevivientes del ataque perpetrado acusaron al agente municipal de la comunidad de Huazatlan del Rio, José Luis Chávez Salinas, y a una célula del crimen organizado de las agresiones y tortura de las víctimas, las cuales incluso habrían sido quemadas vivas.
En su queja también implican al presidente municipal de San Mateo del Mar, Bernardino Ponce,donde además, en su testimonio advierten que lograron escapar como pudieron a pesar de tener heridas graves.
Los sobrevivientes y desplazados Luis Arturo Dávalos , Samuel Hurtado , Alejandrino Abasolo Mora, Agustina Roldan y Rosario Salazar, se quejaron que, a pesar de estar amenazados de muerte, no han recibido la protección de las autoridades porque la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) se las ha negado.
“El 21 de julio sucedió una masacre en Huazatlán del Rio, donde nuestra propia gente mató a sus hermanos, por la intervención de partidos políticos, por que la gente que nos ataco, pienso que no habría justicia, por que mi padre fue masacrado".
"Hago un llamado a los organismos de derechos humanos, porque no está haciendo nada para ayudarlo, también pido justicia a la Fiscalía porque tampoco están avanzando, porque hemos ido a declarar a decir lo que pasó y no hay respuesta y ya paso un mes y sigue la impunidad a los asesinos”, afirmó Agustina Roldan
“No podemos ingresar a la zona, por que estamos amenazados a el resto de los opositores, por ello tuvimos que emigrar a otro pueblo, y por qué no podemos vivir en paz en nuestras propia casa”.
En tanto, el abogado de las victima, William Mendez, denunció que detrás de la protección al agente municipal de Huazatlan del Rio hay desde funcionarios de la Fiscalía General de Justicia (FGJO) hasta el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, y su asesora Anabel Hernández.
Así mismo, acusó a las fuerzas de seguridad estatal y federal de ser “cómplices” por apoyar a los responsables del asesinato de 13 hombres y dos mujeres.
Por otro lado, señaló que hay organismos defensores de Derechos Humanos que han realizado investigaciones sesgadas del caso y, por ello, exigieron imparcialidad de los organismos defensores.
“Nosotros solo estamos pidieron al Estado Mexicano, que este caso no quede la impunidad como ha ocurrido con Ayotzinapa o Acteal, y se castigue a los responsables, además de que se cubran las indemnizaciones y la reparación del daño a las víctimas".
Los pobladores de la comunidad relataron que el 2 de mayo un grupo comandado por el agente municipal, José Luis Chávez Salinas, y su secretaria, Teofila Ochoa Palafox, ambos integrantes de 'Unión de Agencias y Comunidades', organizaron a encapuchados para hacer detenciones contra hombres y mujeres que no simpatizan con su movimiento.
Según su dicho de las víctimas al momento de la agresión, se encontraban en sus domicilios acompañados de sus hijos, por lo que de una forma violenta fueron trasladadas a la cárcel comunitaria donde más tarde pretendían quemarlas, lo que originó un enfrentamiento entre los pobladores y el grupo del agente municipal.
OMZI