Jorge Virgilio Fuentes Zarate, presidente municipal de San Pedro Huamelula, Oaxaca, fue retenido por pobladores junto con funcionarios del Programa Bienestar, de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavim) por no cumplir con la entrega de materiales de viviendas para familias de escasos recursos que fueron afectados por los terremotos del 2017.
Los inconformes, integrantes del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), denuncian que están cansados de tocar puertas y recriminan incluso manejos irregulares y acciones de corrupción de parte de los funcionarios federales retenidos.
Abelardo López, representante de la organización, refiere que hay errores en el levamiento de los censos, argumentando que estos se realizaron con fines electorales, y discrecionales, ya que solo se benefició a gente que simpatizaba con partidos políticos o que eran familiares del presidente municipal.
“Queremos que se vuelva a levantar el censo de las casas afectadas y que las revisiones sean supervisadas por peritos para que se determinen los daños y se asignen que la justicia corresponde a cada familia”, indicó.
López señaló que los representantes de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavim) y de la Sedatu les pidieron 5 mil pesos a cada familia para gestionar los recursos para sus reconstrucciones ante el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
“En el régimen del presidente Enrique Peña Nieto, no nos pidieron dinero para ayudarnos, pero estos funcionarios, sí, porque refieren que es algo que nos les corresponde como autoridad, aunque por ley es su obligación y su deber constitucional”, indicó.
Para mediar entre los inconformes y los retenidos y lograr su liberación intervinieron funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, que buscaron llegar acuerdo para calmar los ánimos y alcanzar una solución pacífica y conciliada al conflicto.
Como parte de una muerta de voluntad, los inconformes decidieron desbloquear la carretera que mantenían cerrada.
Sin embargo. cuando se iba a firmar la minuta de acuerdo, la mesa de diálogo se rompió porque los funcionarios federales se negaron a devolver el dinero que presuntamente les cobraron a las familias de damnificados y pidieron la intervención de la Guardia Nacional para ser rescatados.
En contraparte, las familias afectadas pidieron la presencia en la zona de funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado para presentar una denuncia por fraude contra los representantes del gobierno federal de la Sedatu y la Conavim.
RLO