En una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, una comisión de la Policía de Campeche anunció que, a través de la Confederación de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica, con la intermediación del Sindicato Nacional de Policías de México, acudirían a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para denunciar la criminalización, ataques y afectaciones laborales a los policías por parte del gobierno de Campeche encabezado por Layda Sansores San Román.
José Alejandro Grajales Chab, Yanely Abigail López Álvarez, Rodolfo Benjamín Uc, Andrea del Pilar González Balán y Luis Alberto Salomón Iglesias, en representación de más de 900 policías inconformes, solicitaron mediante una carta invitación una audiencia al presidente Andrés Manuel López Obrador para el viernes 26 de abril.
Buscaban explicar la situación que estaban viviendo como mujeres y hombres policías en Campeche.
Expresaron su preocupación ante los medios debido a que el gobierno de Campeche continuaba vulnerando la seguridad de los ciudadanos de la entidad.
Estos ciudadanos eran los actuales proveedores de gasolina para las motos, patrullas y ambulancias, tras el retiro del suministro por parte del Gobierno.
Acompañados por el secretario general del Sindicato Nacional de Policías, Rodolfo Basulto, denunciaron las calumnias, amenazas y la falta de interés del gobierno morenista de Layda Sansores por resolver el conflicto que llevaba casi 40 días en la entidad.
Denuncian mal procedimiento
Grajales Chab, uno de los siete elementos que el gobierno estatal había dado a conocer como "dados de baja" en un aviso emitido por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche el lunes, mencionó que legalmente no habían sido notificados.
Además, señaló que habían sido intimidados y amedrentados, y que incluso estaban recibiendo atención psicológica particular debido a la situación.
Denunció que las carpetas de investigación de la Comisión de Honor y Justicia de la corporación estaban manipuladas y que los mismos mandos a los que estaban denunciando y cuya destitución pedían, eran los encargados de juzgarlos.
La policía Yanely López aclaró que, por miedo y vergüenza, sus compañeras no habían denunciado formalmente las violaciones de las que fueron objeto por parte de personas privadas de su libertad durante el fallido operativo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén.
Además, señaló que continuaban sufriendo daño psicológico.
“Las compañeras no han querido denunciar porque sabemos que Derechos Humanos está con la gobernadora; si hablo no voy a ser escuchada, si hablo me expongo, puede haber represalias".
Sesión en Cámara de Diputados
En cuanto al espacio que les brindó el diputado federal por Campeche de Morena, José Luis Flores Pacheco, en la Cámara de Diputados, consideraron que lo sucedido en la entidad podría afectar a Yucatán.
Por ello, llamaron a reflexionar sobre la seguridad en Campeche, destacando su papel como entrada a la Península. Aseguraron que, durante muchos años, Campeche había sido uno de los estados más seguros junto con Yucatán, pero desde la llegada de Marcela Muñoz Martínez y sus mandos, las estadísticas de homicidios y feminicidios habían aumentado.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Policías pidió a la mandataria campechana reconsiderar la destitución de los mandos superiores debido a la mala planificación del operativo de traslado de reos, que había dejado policías heridos física y psicológicamente.
Agregó que el sindicato recibía denuncias diarias de abusos de los mandos en todo el país.
El diputado federal señaló que se habían aprobado más de siete mil millones de pesos para seguridad pública en Campeche, que incluían uniformes, capacitación, alimentación e infraestructura, pero que no se sabía en qué se habían utilizado.
Hizo un llamado a Layda Sansores a ser imparcial y responder al llamado de los policías.
AMLO recibió el documento, pero los puso en espera
En entrevista para MILENIO Televisión con Alejandro Domínguez, dos elementos de la policía de Campeche denunciaron que han estado participando en una manifestación pacífica para exigir sus derechos laborales y mejores condiciones de trabajo.
Los agentes expusieron una serie de acciones por parte del gobierno estatal que consideran como represión y violación de sus derechos fundamentales.
Uno de los principales reclamos de los policías es la retención de sus salarios. A pesar de que se les paga en la nómina, denuncian que los fondos han sido retenidos ilegalmente.
"Representamos a más de 900 policías que están en la manifestación pacífica, hasta hoy no ha habido nada formal del hecho, nada más se vio que subieron algo a sus redes sociales, y una notificación que hasta el día de hoy nos deja seguir activos".
De acuerdo con los testimonios recabados, tras más de 20 días de espera, se les indicó que sus pagos estarían disponibles en forma de cheques, un proceso que consideran como una estrategia para demorar y obstaculizar su acceso a los fondos adeudados.
Además de la retención salarial, los policías afirmaron que se les ha negado la recepción de detenidos en la Fiscalía de Campeche y se les ha bloqueado el acceso a las cuentas del registro nacional de detenciones.
"Pues aunado a toda la situación, lo que han hecho es que no nos quieren recibir los detenidos en la Fiscalía, no nos quieren recibir, nos han bloqueado las cuentas para el registro nacional de detenciones, las claves están bloqueados de todos los policías de la manifestación".
Estas acciones, según los entrevistados, dificultan su labor policial y vulneran sus derechos como servidores públicos.
Entre las demandas de los policías se encuentra la mejora de las condiciones laborales y la renuncia de la secretaria de seguridad del estado, Marcela Muñoz.
"No nos han dado nada, pero pedíamos la remoción de nuestros mandos, las situaciones que colocamos en el pliego fueron a lo que se llevó, pero lo primero era que cesen a las autoridades".
Sin embargo, enfatizan que lo primordial es la remoción de los mandos responsables de la situación actual.
Aseguran que han estado abiertos al diálogo desde el principio, pero critican las condiciones impuestas por el gobierno estatal para iniciar negociaciones, las cuales consideran desfavorables y carentes de igualdad de condiciones.
En respuesta a las acusaciones de la gobernadora sobre motivaciones políticas detrás de la protesta, los policías niegan cualquier afiliación política en su movimiento.
"No hay ningún politico porque los que llevaban el mando del operativo en el Cereso de Koben no eran políticos, era un mando de seguridad, cometieron muchos errores, pero este mal operativo puso en riesgo y vulneraron los derechos humanos de las compañeras"
Argumentan que su lucha se centra en la defensa de sus derechos laborales y en la denuncia de irregularidades dentro del cuerpo policial, incluyendo un operativo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Koben, que, según afirman, puso en riesgo la seguridad y los derechos humanos de los agentes.
"Mujeres policías fueron solas al frente, sin protección, y con la body cam, la cual no han mostrado, esos videos existen", acusaron.
Después de presentar el documento con las firmas de los más de mil policías inconformes en Palacio Nacional, los representantes de los agentes manifestaron que fueron dejados en espera por las autoridades. A pesar de su solicitud de audiencia con el presidente, se encontraron con una situación en la que su petición quedó en espera.
"Nos recibieron el documento, y las firmas aquí están. Nos dejaron en espera. Nosotros no hemos dejado de trabajar, es el gobierno de Campeche quienes han estado violando los derechos de no solo los mil policías, sino de todo el pueblo campechano".
MO