Acumulan policías y fiscales de Veracruz acusaciones de fabricación de delitos y tortura

El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez acumula acusaciones de “siembra de pruebas”, “tortura” y “violaciones sexuales” durante las detenciones que realiza la policía de la entidad. Uno de los casos más recientes es el de la jueza de Cosamaloapan, Angélica Sánchez Hernández, quien según sus familiares fue agredida en un par de detenciones, además de haber sido obligada a disparar un arma.

También destacan los señalamientos de la Fiscalía local contra la periodista Claudia Guerrero, acusada de obstaculizar una investigación oficial de la que ella publicó datos en una columna.

Organizaciones de derechos humanos como el Centro ProDH han denunciado otros casos como el de July Raquel Flores Garfias, quien en 2020 fue acusada del homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, y que durante su detención sufrió de violación sexual por parte de elementos policiacos; o el encarcelamiento en 2021 de José Manuel del Río Virgen –funcionario del Senado y brazo derecho del legislador Ricardo Monreal–, quien junto con otro político local fue responsabilizado del asesinato del candidato a alcalde del municipio de Cazones.

En 2021, Rogelio Franco Castán, ex secretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, fue llevado a prisión por “ultrajes a la autoridad”, una figura delictiva que fue anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras considerarla violatoria de los derechos humanos.

“La Fiscalía General del Estado (FGE) ha resultado ser muy obediente en los designios que ordena un personaje que es gobernador y que es secretario de Gobierno, por lo que no hay una dirección jurídica que permita ponerle límites de autocensura a los procedimientos que se están llevando a cabo”, sostiene en entrevista con MILENIO Fidel Ordóñez, ex subprocurador de Justicia de Veracruz.

El CentroPro y barras de abogados coinciden en exigir que hace falta “supervisar” las labores policíacas y de los fiscales, sobre todo durante los arrestos, para garantizar el respeto a los derechos humanos.

Aumenta tortura y violaciones

De acuerdo con cifras oficiales, las denuncias por violación sexual crecieron 16.3 por ciento entre 2019 y 2022, al pasar de 398 a 463 agresiones. Los delitos contra la libertad y seguridad sexual se incrementaron 15.8 por ciento en el mismo periodo, al saltar de 2 mil 911 a 3 mil 373 casos.

Entre abril de 2018 y mayo de 2023, Veracruz se posicionó como el estado con más expedientes abiertos por tortura, con 670, le siguen Oaxaca (605), Jalisco (526), Nayarit (502) y Estado de México (501).

Aunque se desconoce en cuántos de estos delitos pudieron haber participado policías veracruzanos, los activistas locales aseguran que los uniformados suelen estar relacionados con este tipo de agresiones y con las desapariciones.

La Comisión Nacional de Búsqueda indica que Veracruz está entre las cinco entidades con mayor número de personas no localizadas, con 2 mil 375 en lo que va del gobierno de Cuitláhuac García. Los municipios de Veracruz, Xalapa, Córdoba, Poza Rica y Coatzacoalcos son los más peligrosos.

La jueza

La entidad volvió a meterse en el centro de la discusión pública nacional luego de que se diera la detención con violencia –en dos ocasiones y con métodos que no corresponden a un proceso judicial válido– de la jueza Angélica Sánchez Hernández.

Gustavo Gómez Sánchez, hijo de la jueza del Distrito Judicial de Cosamaloapan, se queja que el pasado lunes 5 de junio, durante la detención de su madre, policías ministeriales no sólo la encapucharon sino que la obligaron a disparar un arma y le sembraron pruebas para incriminarla.

Previo a ese hecho, con base en engaños la jueza fue “citada” en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Xalapa:

“Estaba con ella en su cuarto, vivo con ella. Mi mamá sale, se despide de mí, salgo al balcón que tiene vista hacia Arco Sur, su coche estaba a un costado de la casa, se sube a él y le digo: ‘¡hay una camioneta exactamente atrás de ti!’”.

La emboscada de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ocurrió en el acceso a la colonia Lomas Verdes, en la capital veracruzana:

“En esa curva, antes de llegar al Oxxo, veo que a mi mamá la intercepta una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, la bajan del auto a jalones, le ponen una capucha en la cabeza, la empujan a la patrulla y un oficial se sube a su coche y se lo lleva manejando”, relata Gustavo.

El joven acudió a las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante ese martes 6 de junio, pero no fue solo, sino que se hizo acompañar de jueces y abogados para exigir justicia en el caso.

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García justificó que la jueza está acusada de actos de corrupción, por facilitar la liberación deItiel Palacios García o Rafael Palacios García, El Compa Playa, supuesto líder delincuencial al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido en septiembre de 2020 en León, Guanajuato, y acusado de ser responsable del homicidio del diputado priista y líder cañero veracruzano, Juan Carlos Molina Palacios.

Como contexto preliminar, el 14 de febrero de 2019 el gobernador de extracción morenista confirmó la desaparición de 10 personas en el municipio de Playa Vicente, al sur de Veracruz, y atribuyó los hechos a la célula delictiva que encabeza El Compa Playa, quien de acuerdo con autoridades estatales se dedicaba a la venta de estupefacientes, extorsión y cobro de piso a establecimientos con giros negros.

Ahora, sumida en este entramado delincuencial, la familia de la jueza asegura que a su madre la detuvieron con pruebas falsas, “sembradas”. Íngrid Gómez, otra de sus hijas, acusó ante la prensa que su madre fue golpeada al interior de la patrulla de la Policía Estatal, corporación a cargo del titular de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.

“Le quitaron dinero, la empujaron y la lastimaron dentro de la patrulla”, denunció Íngrid, que además negó que la jueza de control haya portado armas de fuego y las haya accionado contra los policías, como les informaron a sus abogados en la Fiscalía. Insisten que la obligaron a disparar el arma al aire.

El Compa Playa dice: soy inocente

Cuitláhuac García insiste que la impartidora de justicia tenía comunicación con el abogado del Compa Playa, además de otros hechos que están siendo investigados y que presuntamente la inculpan.

En ese contexto, Itiel Palacios El Compa Playa fue recapturado el domingo 18 de junio, apenas un día después de que fuera ordenada su liberación. Desde septiembre de 2020, su esposa Karina Álvarez Zamudio presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el gobierno de Cuitláhuac García y la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyo contenido refería abuso de autoridad, discriminación, incomunicación y por haber expuesto al Compa Playa ante los medios de comunicación por el homicidio del exdiputado Juan Carlos Molina.

En una carta Karina Álvarez aseguró que Itiel Palacios es inocente, que se dedica a las bienes raíces y no pertenece a ningún grupo delictivo, como lo quiere hacer ver el gobierno de Veracruz.

“A partir de la detención de mi esposo, ha sido objeto de escarnio público, y cada nueva publicación [en los medios de difusión], le inventa y atribuye nuevos delitos diferentes por los que ya está siendo juzgado. Y lo peor de todo es que no se le ha respetado su derecho a la privacidad de sus datos y de su imagen”, se quejó su esposa.

Álvarez Zamudio acusa una persecución política en contra de su marido, a quien luego del día de su detención se le tuvo incomunicado tres días y privado de alimento alguno, un mecanismo de tortura para ablandarlo e intimidarlo. Karina relató en aquel entonces que elementos de la Guardia Nacional le dijeron a su marido que él no tenía nada que ver en el homicidio del diputado, pero que estaba en el lugar y en el momento equivocado”.

“Tenemos órdenes superiores para que seas el chivo expiatorio, tú sabes que esto es político, y sabes que se fabricaran testigos para culparte, ya te cargó la chingada”, refirió que le confiaron sus captores. 

Por separado, Itiel Palacios envió un comunicado a la redacción de medios locales en donde insiste en que “sin fundamento” se la relaciona con el crimen organizado y que hoy el suyo es un caso de un empresario al que se le ha causado un terrible daño moral y económico.

“Lamentablemente, en las últimas horas mi familia y yo hemos recibido amenazas de muerte, por lo que exijo a las autoridades federales y estatales su intervención y protección”, expuso el imputado un día después de ser detenido.

Durante los cinco años de gobierno de Cuitláhuac García, este reportero ha solicitado en más de una decena de ocasiones entrevista o postura alguna con la titular de la Fiscalía estatal, Verónica Hernández Giadans, para hablar de diversas detenciones y homicidios, pero la petición no ha obtenido respuesta favorable.

Pifias de la Fiscalía

En diciembre de 2020, familiares de July Raquel Flores Garfias, imputada por el asesinato de la rectora y dueña del colegio privado y la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez Aguilar, acribillada de cuatro balazos en junio, acusan que la FGE detuvo a July sin tener pruebas contundentes que la vinculen al asesinato de la rectora xalapeña y que, por el contrario, fue golpeada durante su traslado a Veracruz, violentada y obligada a firmar papeles en blanco.

“La tienen privada de su libertad en el penal de Pacho Viejo [en Coatepec]. El 6 de noviembre mi cuñado llegó súper espantado a la casa, dijo que habían detenido a July Raquel, que había una orden de aprehensión, la cual nunca se la leyeron. La arrestaron como si en verdad se tratara de una delincuente, la llevaron a una oficina de Azcapotzalco [CDMX], donde nos informaron que la requerían de la Fiscalía General de Veracruz por un asesinato de una rectora (sic)”, narra en entrevista Abraham Flores Garfias, hermano de la acusada por el asesinato de Martínez Aguilar.

El hermano de July Raquel asegura que presentaron una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y enviaron cartas al gobernador García Jiménez y al presidente Andrés Manuel López Obrador para hacerles ver este “acto de brutalidad” en donde a Flores Garfias le fincan un asesinato que no cometió, lo cual se puede comprobar puesto que el 29 de junio, fecha en que María Guadalupe Martínez fue acribillada, July se encontraba haciendo labores de jardinería en una casa residencial en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

Incluso –añade el hermano– por dicho trabajo recibió una transferencia bancaria la cual podría ser rastreada por las autoridades a través del geolocalizador que ahora exigen las instituciones financieras. “Es estúpido e incongruente pensar que mi hermana pudo haber estado en dos lugares al mismo tiempo. July fue golpeada, le pusieron una bolsa de plástico en su cabeza para obligarla a firmar unos papeles en blanco, ningún policía ministerial le quiso decir el porqué. Mi hermana, llorando, nos contó que abusaron también sexualmente de ella, incluso le torturaron sus partes nobles”.

La rectora de la Universidad Valladolid fue acribillada a balazos el 29 de junio de 2020 en el interior del plantel ubicado en el municipio de Emiliano Zapata. Por ese homicidio, la policía estatal desplegó un fuerte operativo por tierra y aire para buscar a los responsables del crimen. Durante los siguientes tres meses no hubo ningún resultado de la detención de los asesinos, hasta que el 6 de noviembre la Fiscalía General de Veracruz filtró a la prensa aliada que habían detenido a dos personas de nombres Fernando Enrique “N” y July Raquel “N”, a quienes imputa el asesinato y pone como dato clave que en el portón del inmueble educativo había huellas dactilares de los presuntos asesinos, de acuerdo con la carpeta de investigación 284/2020.

Extrañamente, sobre el asesinato de la rectora del Valladolid, ni la fiscal Verónica Hernández ni el gobernador Cuitláhuac García han querido ahondar sobre los detenidos y las líneas de investigación. Apelan a la secrecía de la carpeta. Reportes policiacos indican sin embargo que fueron tres sicarios armados quienes ingresaron a la escuela por la entrada principal, y una vez adentro amagaron a los guardias de seguridad y demás personal del instituto educativo.

“Nosotros ni siquiera conocíamos Veracruz hasta que se llevaron a mi hermana –señala Abraham Flores–, pero el juez se ha encargado de rechazar todas las pruebas. Ahora vemos que las autoridades de Veracruz no hacen su trabajo y queremos hacer viral este caso, porque ahora sabemos que el penal de Pacho Viejo está lleno de personas inocentes”.

Del Río, otro en la lista

Un escándalo nacional más que involucra a la Fiscalía y el gobierno de Cuitláhuac García, fue el relacionado con la detención y posterior excarcelación de José Manuel del Río Virgen, ex alcalde de Tecolutla, Veracruz y quien fue secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República y brazo derecho del hoy senador con licencia Ricardo Monreal Ávila.

El 9 de diciembre de 2021 le fue girada una orden de aprehensión a Del Río Virgen por su probable responsabilidad en el asesinato del alcalde electo de Cazones, René Tovar, quien fue acribillado dentro de su casa de campaña 36 horas antes de las elecciones de junio de aquel año.

Tovar apareció en la boleta electoral y resultó victorioso frente a la coalición del PAN, PRI y PRD. Su suplente, Omar Ramírez, recibió la constancia que lo acreditaba como alcalde de Cazones, sin embargo, menos de dos semanas después sería detenido señalado de ser el autor intelectual del asesinato de Tovar. Por dicho crimen también se detuvo a Juan Manuel del Río, aunque él obtendría su libertad seis meses después, el 17 de junio del 2022, cuando un juez de Veracruz resolvió la no vinculación a proceso y su liberación inmediata al considerar que no había datos de prueba que lo implicaran en el asesinato de René Tovar.

Hoy el alcalde de Cazones, municipio ubicado a 240 kilómetros al norte de la capital del estado, es Miguel Ángel Uribe, quien concursó en la planilla con Tovar por las siglas de Movimiento Ciudadano pero que a principios de diciembre de 2022 se pasó a las filas del partido Morena.

Abundan las denuncias

En Veracruz diversos actores políticos, empresarios y gente común que hoy se encuentra en prisión acusan de actos ilegales de “siembra” de pruebas, tortura en diversas modalidades y detenciones a todas luces ilegales.

Fidel Ordóñez, ex subprocurador de Justicia, sostiene que en el caso de ex alcaldes que han estado sujetos a proceso, también se les imputaron delitos pero sin que se les haya podido probar absolutamente nada.

A estos casos de vejaciones y presos políticos se suma el de Rogelio Franco Castán, ex secretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, y ex presidente del PRD en el estado de Veracruz. El 13 de marzo de 2021, en el puerto de Tuxpan, el perredista fue detenido por elementos de la Policía Ministerial, los cuales desconocieron el amparo que les fue mostrado, lo cual implicó una violación legal.

“Al comprobarse que la detención era anticonstitucional, de forma inmediata se le imputó un delito distinto por el que se le arrestó”, expone Ordóñez. El objetivo era que por ningún motivo podían dejarlo libre. “Y, en ese sentido, los agentes que en su momento violaron el amparo de Franco Castán, lo acusaron de que los había ultrajado, delito que casualmente un par de días antes se publicó en el Diario Oficial del Estado con una reforma al Código Penal Local, aprobada por mayoría de la bancada de Morena”.

De esa manera, al que le tocó estrenar esa modalidad fue a Rogelio, razón por la cual el presunto “ultraje” fue conocido como la famosa “Ley Franco”.

FR