Pese a que el Gobierno de la Nación elevó a delito federal el robo de combustible a penas el año pasado por estar claramente identificado como una actividad relacionada al crimen organizado, tal parece que en los juzgados federales quienes cometen este delito no merecen la prisión preventiva, como ha quedado de manifiesto.
Según datos obtenidos a través de transparencia proporcionados por la Procuraduría General de la República, en lo que va del año en el estado de Guanajuato se han judicializado 140 carpetas de investigación referentes al robo de hidrocarburo, de las cuales, para el Poder Judicial Federal, solo dos merecieron se dictara prisión preventiva.
La medida cautelar más utilizada por los jueces ha sido la de libertad condicionada por lo que los vinculados a proceso han podido seguirlo fuera de prisión, pese a que en muchos casos se les ha detenido incluso con armas de fuego, circunstancia que no ha sido suficiente para que los jueces dicten la prisión preventiva.
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De acuerdo a las autoridades federales, Guanajuato es uno de los estados donde se han ubicado buena parte de las tomas clandestinas tras operativos, tan solo en el primer trimestre de 2017 fueron asegurados más de 44 mil litros de combustible presuntamente robado, además de varias unidades incluso camufladas con las que se transporta el producto para su venta posterior.
Las mismas autoridades han identificado, entre otros, al Cártel Jalisco Nueva Generación como uno de los principales operadores del robo de combustible en el país, según datos de la PGR y Pemex se estima que las ganancias al año, por sustracción ilegal de hidrocarburo general, a la delincuencia son superiores a los 20 mil millones de pesos.
Según el consultor independiente en seguridad del sector energético, Dwight Dyer, Pemex ha tenido una pérdida de 160,000 millones de pesos en los últimos ocho años, gracias a que el crimen organizado ordeña de sus ductos 50,000 barriles de combustibles mensuales, que representan 6.2% de su producción.
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Si es trabajador de Pemex la sanción máxima es de 37.5 años de prisión multa de hasta 2 millones 739 mil pesos, se sanciona tanto la compra como la venta del hidrocarburo robado.