El diputado presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Quintana Roo, Hugo Alday, informó que hasta que no se dicte una sentencia definitiva del juicio de amparo en el proceso que se lleva a cabo por parte del Congreso local, quien busca revocar la ampliación de la concesión de Aguakán por 30 años, no se puede realizar algún procedimiento de ningún tipo hasta el momento, “ya que se incurriría en un desacato”.
“Entonces, hasta cierto punto, la autoridad en este momento tiene que mantenerse un poco al margen para no caer en desacato, lo que podría provocar que la concesionaria alegue que la autoridad está incumpliendo sus obligaciones. Esto podría manejarse también políticamente.
"Se está tratando de arrebatar lo que le corresponde en origen y en obligación al Estado”, informó el legislador durante el inicio del segundo periodo de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo.
En estos momentos, el procedimiento se encuentra en el juzgado octavo de distrito en Cancún, donde al salir la sentencia definitiva del juicio de amparo, Aguakán “podría solicitar un amparo de revisión” aclaró.
Aunque precisó también, que el procedimiento podría llegar al máximo tribunal, “por la magnitud del tema que se está hablando, podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sería fundamental para ver cómo va a determinar el máximo tribunal de México el proceso que se lleva a cabo en Quintana Roo”.
Una vez que se dicte esta sentencia, la cual, adelantó podría ser a largo plazo, los gobiernos municipales podrían iniciar sus respectivos procedimientos en torno a los contratos con Aguakán.
“El Congreso no está interviniendo en el contrato en sí, sino en la extensión temporal. El tema del contrato con la concesionaria deberá discutirse con los municipios, y es posible que se requiera un proceso judicial adicional entre los Ayuntamientos y la concesionaria, pero para eso habría que esperar, repito, una sentencia definitiva en el proceso judicial”.
Descartó que tanto el Congreso local, como el gobierno de Quintana Roo y los ayuntamientos con contrato con Aguakán, estén tomando a la ligera el procedimiento que hay actualmente contra la concesionaria.
Incluso a finales de enero del presente año, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en las conferencias matutinas, “un hasta aquí” para la empresa Aguakán en Quintana Roo que recibió una extensión a su contrato por 30 años para dar servicios de agua y alcantarillado.
Legislatura amplía facultades de comisión contra Aguakan
En el arranque del segundo periodo ordinario de la XVII Legislatura del Congreso local, los legisladores votaron por ampliar las facultades de la comisión especial que investiga a Aguakan, para que también se conozca de los más de mil millones de pesos que recibió la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) por parte de esta empresa, como contraprestación por la ampliación de esta concesión, en la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo,
Informó el el diputado Humberto Aldana Navarro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo)
Así mismo, la Comisión Especial de Aguakan tendrá autorización para la instalación de mesas de diálogos con personas usuarios del agua potable, que consideren tener alguna queja o afectación por parte de la prestadora de servicios.
“La comisión tendrá todas las facultades necesarias para llevar a cabo todas las investigaciones que considere pertinente para el cumplimiento de su objeto. Así como la persona que funge como secretario técnico de la Comisión de puntos constitucionales, servirá como secretario técnico de la comisión”.
MO