Oaxaca fue escenario de intensas protestas sociales tras la muerte de Diego Paz, un joven estudiante de 22 años, asesinado por elementos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino.
El suceso, ocurrido el 2 de agosto durante un operativo de alcoholímetro, movilizó a colectivos, padres de familia, y estudiantes para exigir la destitución del alcalde Juan Carlos García Márquez, a quien señalan por su responsabilidad en el incidente.
Cientos de manifestantes marcharon desde la Universidad Anáhuac hasta la sede del Congreso de Oaxaca, donde presionaron a los legisladores para que se abriera un proceso de juicio político contra el alcalde.
La multitud, en su mayoría estudiantes y activistas, acusó a la administración municipal de omisión, alegando que la policía local abusó de su autoridad y actuó con violencia desmedida al intentar extorsionar a Diego Paz y su acompañante, lo que resultó en su muerte.
¿Qué fue lo que sucedió?
El incidente se produjo cuando Diego Paz y un amigo se aproximaron a un control de alcoholímetro en Santa Lucía del Camino.
Según testigos y compañeros de la víctima, ambos jóvenes intentaron evadir el puesto de control tras percibir que los agentes demandaban un soborno.
La policía respondió persiguiéndolos y, tras una violenta confrontación, dispararon contra Diego, impactándolo con dos balas, una de ellas en el pecho, lo que le causó la muerte.
Su acompañante también resultó gravemente herido y actualmente corre el riesgo de perder un ojo.
Las versiones iniciales de los hechos indican que ni Diego Paz ni su amigo habían ingerido alcohol, por lo que su decisión de evadir el operativo fue producto del temor a una posible extorsión.
Testigos denunciaron que los agentes involucrados, al menos siete, golpearon a los jóvenes antes de abrir fuego. Esta agresión fue calificada por los manifestantes como una ejecución extrajudicial, un delito que también es tipificado como de lesa humanidad por las organizaciones que encabezan las protestas.
¿Qué demandan los manifestantes?
Durante la marcha y posterior manifestación frente al Congreso de Oaxaca, los participantes exigieron la destitución inmediata del alcalde Juan Carlos García Márquez, alegando que su administración es responsable directa de la conducta violenta de la Policía Municipal.
Los manifestantes también pidieron que se procese judicialmente a los policías involucrados, a los mandos que permitieron el abuso de poder y, finalmente, al propio alcalde.
Otra de las demandas centrales fue la reparación integral del daño a la familia de Diego Paz, incluyendo el pago de gastos médicos y funerarios por parte del municipio.
Asimismo, los colectivos exigieron que se elimine la facultad de los municipios para implementar operativos de alcoholímetro si estos no cumplen con las certificaciones y protocolos internacionales exigidos por autoridades federales y estatales.
Reacciones de las autoridades
La presión provocó que el Congreso de Oaxaca acepte revisar la solicitud de revocación de mandato del alcalde de Santa Lucía del Camino.
Sergio López Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, confirmó que el tema será abordado en las comisiones legislativas pertinentes y que se pedirá a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) que acelere la investigación para determinar responsabilidades.
La FGE, por su parte, ya tomó acción en el caso, con la detención de dos policías municipales presuntamente implicados directamente en el asesinato de Diego Paz.
De acuerdo con las autoridades, los agentes están acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad, uso desproporcionado de la fuerza pública y uso indebido de armas de fuego.
El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla informó que ambos policías se encuentran bajo custodia, y que el caso se fortalece conforme se recaban más pruebas.
Además, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó públicamente el homicidio y ordenó la suspensión de los operativos de alcoholímetro en seis municipios de la zona conurbada, transfiriendo dicha responsabilidad a la Policía Vial Estatal.
Más inconformidad por el asesinato
El martes, más de 750 personas marcharon en diversas partes de Oaxaca, exigiendo no solo la destitución del alcalde Juan Carlos García Márquez, sino también el cese de la impunidad que, según ellos, caracteriza a la policía local.
Familiares y amigos del joven asesinado participaron activamente en ambas protestas, la de hoy y ayer, exigiendo justicia frente a las sedes de gobierno y reiterando su rechazo a la violencia ejercida por las autoridades municipales.
Diego Castellanos, compañero de facultad de la víctima, aseguró que el movimiento continuará hasta que se logre la renuncia del alcalde y se castiguen a todos los responsables del asesinato.
Por su parte, la Universidad Anáhuac, donde Diego Paz cursaba sus estudios, también condenó el homicidio y emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia de la víctima, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para que actúen con prontitud y transparencia en la investigación.
MO