La Península de Yucatán enfrenta una grave crisis socioambiental debido a la deforestación, la contaminación del agua, la muerte masiva de abejas, la pérdida de semillas nativas y el deterioro de la salud de las comunidades indígenas, denunciaron este jueves en conferencia de prensa representantes de los pueblos mayas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Solicitan a los gobernadores de Campeche, Yucatán y Quintana Roo —Layda Sansores San Román, Joaquín Díaz Mena y María Elena Lezama Espinosa, respectivamente— una declaratoria de emergencia socioambiental, con el fin de respaldar la solicitud presentada el 8 de octubre a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Salud.
“Acabamos de entregar en las oficinas de la licenciada Layda Sansores San Román, y también mis compañeros de Yucatán y Quintana Roo van a enviar esta declaratoria de emergencia en estos estados".
"La declaratoria exige, nosotros como pueblos, como colectivos, como organizaciones, que se atienda esta problemática y la omisión de las autoridades ante estos megaproyectos impuestos sin consulta a las comunidades indígenas".
"No se nos avisó ni notificó sobre estos proyectos, pero están afectando la vida de nuestras comunidades, la salud de todos los que habitamos en la Península. Por eso decidimos reunirnos y construir este documento, una declaratoria en la que nosotros, los pueblos mayas, nos declaramos en zona de emergencia socioambiental".
"Esperamos una justicia ambiental; es una deuda que tienen con el pueblo maya”, señaló Itzel Pech, integrante del Colectivo Maya de los Chenes y de la Alianza Maya por la Península.
Atribuyen la situación a los megaproyectos en desarrollo en la Península, como la agricultura industrial, en particular la siembra de maíz y soya transgénicos, que causó la pérdida de grandes extensiones de selva y montes.
Además, mencionaron el uso de agroquímicos como fipronil, neonicotinoides y glifosato, que están exterminando a las abejas y afectando a las comunidades indígenas que subsisten de los recursos naturales.
Asimismo, denunciaron que hay más de 800 fábricas de cerdos y aves que operan sin manifestaciones de impacto ambiental, las cuales contaminan el agua y los apiarios, además de la concesión de permisos para la explotación minera y la deforestación.
Este jueves, en los tres estados de la Península, entregaron formalmente la petición de Declaratoria de Emergencia Socioambiental.
En Campeche, el documento fue recibido por la oficina de Atención Ciudadana.
MO