La madrugada del lunes 8 de febrero a las 3:15 de la mañana Dos Agustín Magallanes, un poblador de Compostela Nayarit, recibió una llamada telefónica: se están quemando tus restaurantes. Adormilado alcanzó a contestar “esas bromas no por favor”.
Estaba a cinco kilómetros del lugar cuando alcanzó a ver una humareda. Cuando se bajó de su coche vio en llamas sus dos pequeñas palapas de 20x20 que duró un año acondicionando y que le habían costado unos 200 mil pesos. Había montado la cocina y tres palapas. “Quedó todo rostizado, solo los troncos”, dice.
Los bomberos le dijeron que el incendio había sido provocado. Las palapas y las palmeras ardieron esa noche mientras los bomberos grababan y trataban de apagar el fuego en la carretera 200 Tepic Puerto Vallarta kilómetro 91. Las imágenes ahí están y quedarán en la mente de Don Agustín quien dice con resignación que él ya estaba esperando cuando le iba a tocar. Lanza una fecha: “Fue por lo del 16 de diciembre”.
El pasado 16 de diciembre del año 2020 un grupo de testigos se presentaron a declarar ante el Ministerio Público Federal para aportar información relacionada con una alerta de emergencia sobre 39 personas que fueron desaparecidas en Nayarit en el periodo en que gobernó Roberto Sandoval y fue fiscal Edgar Veytia El Diablo.
Ese día 10 personas contaron todo lo que sabían, entre ellos siete que habían sido secuestradas y que testificaron como la policía de Nayarit los secuestró y se los llevó a la fiscalía que era el edificio de operaciones por donde los subían, golpeaba y torturaba el propio Fiscal Diablo.
“A partir de ahí se nos vino el mundo encima” dice Rodrigo González Barrios, presidente de la Comisión de la Verdad de Nayarit a MILENIO. Explica que desde entonces la fiscalía local que controlan el fiscal Petronilo Díaz Ponce y Rodrigo Benítez, el subfiscal, de manera visceral están generando carpetas de investigación para inculpar a aquellos que declararon en la FGR en Ciudad de México.
Dice que seguramente están muy temerosos de lo que declararon el 16 de diciembre del 2020, sobre todo un grupo de personas que aún trabaja en la Fiscalía y es gente del ex fiscal hoy encarcelado en Estados Unidos, Edgar Veytia.
“Lo que le sucedió a Agustín Magallanes con la quema de su negocio, lo que le sucedió a Miguel Coppel Godoy encarcelado hace algunas semanas, las órdenes de aprehensión contra nuestros abogados tiene que ver directamente con Roberto Sandoval y Edgar Veytia y un grupo de gente de la Fiscalía local que está criminalizándonos”.
Y es que según González Barrios esto se debe a que han demostrado que la policía de Nayarit era la que secuestraba, que la casa de seguridad era el edificio de la Fiscalía y que el secuestrador y torturador era Edgar Veytia con otros funcionarios.
Las órdenes de aprehensión contra los dos abogados Fonseca Díaz de la Comisión, es por que los quieren involucrar a todos — incluyéndolo a el — como parte del equipo de Edgar Veytia, que participaron en torturas y secuestros y un asesinato. Tanto los abogados como Rodrigo han denunciado desde hace años al ex gobernador Sandoval y al ex fiscal; Rodrigo ha sufrido tres atentados en su contra.
Otro de los testigos es el señor Miguel Coppel fue un vendedor de autos usados a quien el ex fiscal acusó de secuestro. Pidió a su familia 300 mil pesos para dejarlo en libertad y las escrituras de su casa. Tres años después quedo en libertad porque no existían pruebas en su contra.
Hoy la nueva fiscalía lo volvió a aprender y se encuentra en la cárcel.
Mientras que Don Agustín Magallanes, a quien le quemaron su patrimonio, en marzo del 2013 fue secuestrado por Edgar Veytia quien después de torturarlo lo despojó de un terreno. Además de que para presionarlo tres de sus hijos fueron encarcelados bajo delitos simulados.
Estos hechos ocurren a pesar de que el pasado 28 de enero las organizaciones Justicia Transicional de México, Idheas y la Federación Internacional de derechos humanos lograron que el comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas otorgara medidas de protección para 16 testigos.
La ONU reconoce que según información disponible personas allegadas a la Comisión de la Verdad ha sido objeto de intimidaciones, investigaciones penales y la Fiscalía de Nayarit habría emprendido una persecución.
Es por esto que solicitaron al estado medidas urgentes para proteger a todos aquellos que testificaron y asegure el cese inmediato.
ledz